El Ejecutivo provincial de San Juan se convirtió en el primero en aplicar la Ley de Modernización Laboral de Javier Milei. Intimó al gremio UDA a garantizar un 75% de presencialidad, amparándose en la nueva categoría de la educación como «servicio esencial».
En un movimiento que sacude el tablero sindical del país, el gobierno de Marcelo Orrego notificó formalmente a la seccional sanjuanina de la Unión Docentes Argentinos (UDA) que ya no podrá realizar paros totales. Bajo el nuevo marco jurídico nacional, la provincia exigió que se garantice una cobertura mínima de las tres cuartas partes del servicio durante cualquier medida de fuerza.
La Educación como «Servicio Esencial»
La resolución, firmada por el subsecretario de Trabajo, Franco Raúl Marchese, se fundamenta de forma directa en el artículo 101 de la Ley de Modernización Laboral. Esta normativa, impulsada por la administración de Javier Milei, elevó el estatus de la educación (desde nivel inicial hasta secundaria y especial) a «servicio esencial», lo que impone límites estrictos al derecho a huelga.
Las nuevas exigencias para los gremios
A partir de este antecedente, el sindicato UDA deberá cumplir con una serie de requisitos operativos antes de concretar cualquier protesta:
Cobertura del 75%: Es el piso mínimo de presencialidad obligatorio que establece la ley para servicios esenciales; no es negociable.
Cronograma detallado: El gremio debe presentar un plan de acción que individualice qué personal trabajará, en qué turnos y en qué establecimientos.
Notificación inmediata: La justicia exige que el esquema operativo sea comunicado a las autoridades antes del inicio de la medida anunciada.
Un precedente que pone en alerta a los sindicatos
El caso de San Juan funciona como un «laboratorio» legal para el resto de las provincias. Al diferenciar entre servicios esenciales (75% de cobertura) y actividades de importancia trascental (50%), la nueva ley otorga a los gobernadores una herramienta inédita para neutralizar el impacto de las huelgas en sectores clave.
Este expediente marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre el Estado y los gremios docentes, quienes ven en esta aplicación un avance sobre el derecho constitucional a la huelga, mientras que el oficialismo lo defiende como la garantía del derecho a la educación de los alumnos.
Fuente: Mundo Gremial
