Investigan una red que opera desde cárceles bonaerenses, donde reclusos organizan robos millonarios mediante celulares y reclutan adolescentes inimputables para concretar los ataques.
Investigan una red que opera desde cárceles bonaerenses, donde reclusos organizan robos millonarios mediante celulares y reclutan adolescentes inimputables para concretar los ataques
Una creciente preocupación atraviesa a las fuerzas de seguridad y a la Justicia: detrás de varios robos violentos registrados en el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires se repite un mismo patrón.
Presos alojados en distintas unidades penitenciarias planifican los asaltos desde sus celdas y utilizan menores de edad como “mano de obra” para ejecutar los golpes.
La modalidad fue detectada en investigaciones recientes vinculadas a hechos de alto impacto ocurridos en la provincia de Buenos Aires y en barrios porteños como Palermo. Según fuentes judiciales, los líderes de estas bandas se comunican por teléfono con adolescentes en libertad, les proporcionan información detallada sobre las víctimas y prometen recompensas económicas, amparándose en que los chicos son inimputables.
Uno de los casos más resonantes fue el violento asalto sufrido por una jubilada en San Isidro, cuando regresaba de vacaciones a su vivienda de Martínez. La investigación, encabezada por el fiscal Patricio Ferrari, determinó que los movimientos de la víctima habían sido seguidos a través de redes sociales desde la cárcel.
El ataque habría sido coordinado desde la Unidad 45 de Melchor Romero, bajo las órdenes de Brandon Brites, con apoyo de otro interno alojado en la Unidad 9 de La Plata. Ambos son señalados como cabecillas de la denominada “Banda del Millón”.
De acuerdo con los investigadores, el esquema se repite: los reclusos realizan tareas de inteligencia desde prisión, analizan rutinas de las víctimas mediante redes sociales y plataformas de datos, y luego envían a menores a cometer los robos. En allanamientos realizados en celdas se secuestraron teléfonos celulares y se hallaron búsquedas de direcciones, nombres de propietarios e incluso imágenes de viviendas con posibles puntos de acceso marcados.
La causa volvió a poner en el centro del debate dos ejes sensibles de la agenda de seguridad: el uso de telefonía móvil dentro de los penales y la participación de adolescentes en delitos graves.
En ese contexto, esta semana la Cámara de Diputados de la Nación Argentina otorgó media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y establece penas de hasta 15 años de prisión para delitos como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros, además de un esquema de sanciones alternativas para casos de menor gravedad.
Fuentes judiciales explicaron que muchos internos acceden a celulares por decisiones particulares de los jueces intervinientes, mientras que en otros casos se trata de una práctica tolerada para evitar conflictos dentro de las cárceles.
La investigación continúa en expansión y no se descartan nuevas detenciones. Para los especialistas, el fenómeno expone una combinación crítica: cárceles permeables, bandas organizadas y menores captados por el delito, un cóctel que agrava el escenario de inseguridad en el área metropolitana.
Fuente Infobae
