Mandatarios provinciales, tanto dialoguistas como opositores, advierten que la baja del impuesto incluida en el proyecto oficial desfinanciaría a las provincias.
A horas del debate del Proyecto de Modernización Laboral, el Gobierno nacional enfrenta nuevas presiones de los gobernadores, que condicionan su respaldo a la eliminación o modificación del capítulo fiscal vinculado al Impuesto a las Ganancias para empresas.
Pese a las reuniones mantenidas por el ministro del Interior, Diego Santilli, con distintos mandatarios provinciales, las negociaciones continúan abiertas. El eje del conflicto pasa por la decisión del Ejecutivo de reducir el gravamen a sociedades, una medida pensada para incentivar la rentabilidad y la inversión, pero que impactaría de lleno en la coparticipación, generando una pérdida estimada en hasta 3 billones de pesos para las provincias.
Según trascendió, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba encabezan el ranking de distritos más perjudicados, con recortes que superarían el billón de pesos cada uno.
En este escenario, los gobernadores reclaman compensaciones económicas para avanzar con el tratamiento del proyecto que impulsa la gestión de Javier Milei durante el período de sesiones extraordinarias. Incluso mandatarios considerados aliados, como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), si bien respaldan la reforma laboral, exigen que Nación asuma el costo fiscal o que la reducción de Ganancias se postergue hasta 2027.
Desde el Ejecutivo, en tanto, insisten en sostener la rebaja impositiva, aunque ya se evalúan alternativas, como dejar de lado el capítulo fiscal con el objetivo de garantizar la aprobación del proyecto de Modernización Laboral promovido por La Libertad Avanza.
Por otra parte, los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Axel Kicillof (Buenos Aires) mantienen una postura firme de rechazo a la reforma, independientemente de lo que ocurra con el Impuesto a las Ganancias.
