En el marco de las recorridas que realiza por el interior del país, el ministro del Interior, Diego Santilli, recoge la predisposición de los gobernadores dialoguistas y aliados para acompañar la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que será tratada en el Congreso.
Sin embargo, también escucha fuertes reclamos por la falta de recursos, la paralización de la obra pública y las deudas con las cajas previsionales.
Según expresan varios mandatarios provinciales, existe preocupación por el impacto que podría tener el proyecto en las finanzas locales, especialmente si se aprueba sin modificaciones.
El foco del conflicto está puesto en el capítulo tributario, en particular en el artículo 190, que reduce la alícuota del impuesto a las sociedades, un tributo coparticipable que representa una fuente clave de ingresos para las provincias.
Santilli tiene previstas reuniones con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Neuquén, Rolando Figueroa, además de encuentros con Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Sergio Ziliotto (La Pampa). También aparecen reclamos puntuales, como el del chubutense Ignacio Torres, que exige asistencia nacional para combatir los incendios forestales que afectan recurrentemente a su provincia.
Otros mandatarios, como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), mantienen un buen diálogo con la Casa Rosada y ven con buenos ojos la reforma, aunque insisten en la necesidad de reactivar obras de infraestructura clave, como rutas y el segundo puente entre Chaco y Corrientes.
Desde el Gobierno, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se muestran reticentes a realizar concesiones en materia impositiva. Consideran que la reforma generará más empleo y crecimiento, lo que compensará la eventual caída de recursos coparticipables. No obstante, en el oficialismo admiten que los votos en el Senado dependerán de lograr acuerdos con las provincias.
En paralelo, la CGT volvió a advertir que podría convocar a un paro si avanza la reforma sin cambios, aunque el sindicalismo atraviesa divisiones internas sobre la estrategia a seguir.
El Gobierno apunta a obtener la media sanción en el Senado el 11 de febrero, mientras continúan las negociaciones políticas para destrabar una iniciativa que, por ahora, sigue generando apoyos condicionados y fuertes tensiones con las provincias.
Fuente: TN / Política.
