Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) encendió la alarma sobre el estado de la infraestructura vial en la provincia de Buenos Aires: el 50 por ciento de las rutas nacionales presenta un estado deficiente, en un contexto marcado por la fuerte reducción de la inversión del Gobierno nacional en obra pública.
Según el relevamiento, el deterioro está directamente vinculado a la política de ajuste aplicada por la administración de Javier Milei, que implicó una caída del 80 por ciento del gasto de capital en términos reales en 2025 respecto de 2023.
En el caso bonaerense, la Dirección Nacional de Vialidad redujo los fondos en un 82 por ciento, profundizando el abandono de los corredores estratégicos.
La situación se refleja en distintos puntos de la provincia. Uno de los casos más emblemáticos es el de Ramallo, donde un tramo de la Ruta Nacional 9, reparado por orden judicial, volvió a romperse apenas tres meses después.
Vecinos y autoridades locales denuncian baches profundos, hundimientos y trabajos de baja calidad que no resisten el tránsito pesado.
El informe del IAG sostiene que el deterioro no es casual, sino consecuencia de una estrategia deliberada de desinversión. Mientras que en la gestión anterior el 23 por ciento de las rutas estaba en mal estado, hoy el porcentaje asciende al 29, y se redujo de manera significativa la extensión de rutas en buen estado.
Además, advierte que no mantener una ruta hoy implica reconstruirla mañana a un costo entre cinco y diez veces mayor.
En paralelo, la provincia de Buenos Aires proyectó para 2026 una inversión en infraestructura vial de 3,2 billones de pesos, una cifra similar a la que destinará la Nación para todo el país. Desde el IAG señalaron que se trata de un esfuerzo “sin precedentes” para compensar la ausencia del Estado nacional.
El deterioro de las rutas no solo afecta la conectividad y la producción, sino que también incrementa los costos logísticos, presiona sobre los precios y agrava la inseguridad vial. De acuerdo al informe, en 2024 se registraron 3.894 siniestros en rutas nacionales, con 3.238 muertes, en un contexto de falta de señalización, bacheo y mantenimiento básico.
Mientras continúan los reclamos judiciales, los banderazos vecinales y los cuestionamientos de intendentes de distintos signos políticos, el estado de las rutas nacionales se consolida como uno de los principales focos de conflicto entre la Nación y la provincia, con impacto directo en la seguridad y la economía cotidiana de los bonaerenses.
Fuente Página 12
