Organizaciones denuncian regresión ecológica y alertan por un escenario de agotamiento si se modifica la norma vigente. Enrique Viale expuso presión extractiva y advirtió que la reforma sacrificaría reservas de agua estratégicas.
Un dictamen cuestionado desde el ambientalismo
El dictamen favorable obtenido esta semana para reformar la Ley de Glaciares reactivó el conflicto político–ambiental. En diálogo con la agencia Farco, el presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, Enrique Viale, sostuvo que el tratamiento legislativo expresa una regresión ecológica. Remarcó que la iniciativa “no es una ley contra la minería”, pero sí una norma con eje protector del ambiente. En ese sentido ironizó sobre la participación sectorial: “Me causa un asombro enorme que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros esté acá. ¿Qué hacen en una ley de protección de glaciares? (…) Es como una confesión”.
Desde esa perspectiva, el señalamiento jurídico se centra en el reconocimiento del agua como bien esencial y como parámetro mínimo de cualquier política pública. Viale lo definió como “uno de esos pisos mínimos” que la sociedad argentina no debería negociar, incluso cuando existan presiones económicas o productivas.
El agua como prioridad y la dimensión territorial
Al referirse al funcionamiento hidrológico nacional, Viale insistió en que la glaciación forma parte de un sistema de provisión de agua potable, agricultura y mantenimiento de cuencas. En sus palabras: “Vamos a sacrificar los glaciares que tienen miles de años, que nos dan agua para la vida, para el trabajo, para la agricultura, que dan vida y trabajo a gran parte de los ríos que nutren nuestro país”. El planteo se distancia de una visión exclusivamente pampeana del mapa hídrico, al recordar que “no somos el río de la Plata nada más”.
El diagnóstico también incluyó una referencia numérica que confronta el argumento extractivo. Según Viale, las compañías transnacionales reclaman intervenir sobre la fracción delimitada por la propia ley: “Tienen el 99,2% del territorio para hacerlo, porque la ley lo que está inventariado es el 0,8 de la Argentina. Y la voracidad que tienen… quieren ese 0,8 y lo vamos a destruir”.
Presión corporativa y temporalidad extractiva
La intervención del abogado apuntó explícitamente a empresas internacionales ligadas a la explotación metalífera. “Lo vamos a sacrificar para Lundin Mining, para BHP, para Glencore, para Rio Tinto y para Barrick Gold, porque lo pidieron ellos. Digámoslo por lo menos”, afirmó. La síntesis política aparece allí como una acusación directa: la presión sectorial sería determinante en la búsqueda de una reforma.
La temporalidad es otro de los argumentos ambientales. Viale comparó la antigüedad milenaria del sistema glaciar con proyectos extractivos limitados: “Vamos a destruir glaciares de miles de años por una actividad que va a durar 15 años con suerte, que no genera desarrollo, y eso lo podríamos discutir; y aun si lo generara jamás sacrificaría mis fuentes de agua”.
Un escenario futuro: desabastecimiento y dependencia estructural
Si el Congreso modificara la ley en los términos reclamados por el lobby minero, el país afrontaría un escenario hídrico más vulnerable. La reducción de masa glaciar impactaría el caudal regulado de ríos troncales, con efectos sobre cultivos, potabilización y administración energética. El reemplazo artificial de esa regulación natural exigiría infraestructura costosa, transferencia intercuencas y perforaciones profundas, con efectos presupuestarios severos para provincias cordilleranas.
En un contexto de calentamiento global y retroceso criogénico documentado, la reforma podría acelerar una tendencia irreversible: menor disponibilidad de agua dulce, pérdida de amortiguadores climáticos y desplazamiento de comunidades agrícolas. El conflicto no sería únicamente ambiental, sino económico y social: escasez, aumento de precios, retracción productiva y mayor competencia territorial por un recurso crítico.
Un piso social para defender
Viale enmarcó su argumento en un clima general de disputa por derechos esenciales. Recordó las recientes movilizaciones por la educación pública y sostuvo que, frente a reformas aceleradas, la respuesta social se volvería determinante. “Si esto lo pusiésemos a discutir en la sociedad, la sociedad diría ‘No, pará’”, afirmó, señalando que el problema se define “a puerta cerrada, express, de un día para otro”.
El cierre del discurso retomó la idea de orden público ambiental: reservas hídricas, estabilidad ecosistémica y seguridad jurídica. Allí planteó un contrapunto final: “Como sociedad tenemos que tener unos pisos mínimos… cosas que decimos ‘che, son básicas, no podemos ir más allá’”.
El debate legislativo recién inicia, pero el punto estructural quedó expuesto: la reforma de la Ley de Glaciares se interpreta como una disputa entre reservas permanentes y ciclos extractivos de corta duración. Frente a esa ecuación, el ambientalismo vuelve a posicionar el agua como límite político, ecológico y civilizatorio. (InfoNoticias)
