El conflicto por el cierre de la planta de Fate en San Fernando sigue escalando. Mientras rige la conciliación obligatoria dispuesta por el Gobierno, el presidente Javier Milei redobló la apuesta y cargó duramente contra el sector empresarial, acusándolos de haber aprovechado políticas proteccionistas para imponer precios abusivos a los consumidores.
El video que encendió la polémica
La reacción del Presidente en la red social X se basó en las declaraciones de Roberto Méndez, CEO de la cadena Neumen, quien en una entrevista admitió prácticas de sobreprecios en el sector.
«Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas. Soy el primero en reconocerlo. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo», confesó el ejecutivo.
Al compartir el video, Milei no ocultó su enojo y lanzó una fuerte crítica: «Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien».
Entre la conciliación y la crisis
El mensaje presidencial llega en un momento crítico tras el anuncio de Fate del cierre definitivo de su planta de Virreyes y el despido de 920 trabajadores. Aunque la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días (obligando a la empresa a retrotraer los despidos y al gremio SUTNA a cesar las medidas de fuerza), la situación sigue trabada:
Planta cerrada: El sindicato denuncia que la empresa mantiene los candados puestos, impidiendo el ingreso de los operarios a pesar de la medida oficial.
Sin acuerdo: En la última audiencia entre las partes, no se logró una solución. Se fijó una nueva reunión para el 4 de marzo, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro laboral de casi mil familias.
El impacto en el grupo empresario
El conflicto trasciende el caso Fate. Paralelamente, el Gobierno eliminó el arancel antidumping del 28% que protegía al aluminio chino, una medida que afecta directamente a Aluar, empresa del mismo grupo económico que controla Fate.
Desde la Casa Rosada justificaron la quita de protección al señalar que la compañía local había aumentado sus precios de forma desmedida y dominaba el 91% del mercado interno, operando bajo un esquema que, según el Gobierno, eliminaba la competencia real.
Mientras el sector industrial mira con preocupación la apertura comercial, desde el Ejecutivo insisten en que el momento elegido por la empresa para anunciar el cierre —en la antesala de debates clave como la Reforma Laboral— no es casual, sino una maniobra de presión política que no frenará los cambios estructurales que impulsa la gestión libertaria.
