El oficialismo buscará sancionar el próximo miércoles en el Senado el proyecto de modernización laboral, una de las iniciativas centrales del gobierno de Javier Milei. Si bien La Libertad Avanza (LLA) tiene asegurada la aprobación en general y la mayoría de los artículos, aún no cuenta con los votos necesarios para avanzar sin cambios en dos ejes clave: el capítulo fiscal y el nuevo esquema de indemnizaciones.
La iniciativa impulsa modificaciones profundas en la legislación laboral vigente, entre ellas la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, cambios en el régimen de vacaciones, en el sistema indemnizatorio y en los mecanismos de afiliación sindical.
La sesión fue convocada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para el miércoles a las 11, en un contexto de alta tensión social, ya que ese mismo día se prevé una movilización de las centrales sindicales y de organizaciones de izquierda, a la que se sumará la habitual marcha de jubilados.
El poroteo
La Libertad Avanza tiene garantizados los votos para aprobar el proyecto en general y la mayoría de los artículos, pero no logró cerrar el mismo nivel de consenso para sostener la rebaja del Impuesto a las Ganancias para las grandes empresas, un punto que genera fuerte resistencia entre los gobernadores.
Por ese motivo, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, continuará hasta el mismo miércoles las negociaciones con los legisladores para sancionar la ley sin modificaciones sustanciales. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con los gobernadores para destrabar el capítulo fiscal.
Hasta el momento, el oficialismo cuenta con 20 votos propios y el respaldo del monobloque del Frente Cívico, diez senadores radicales, tres del PRO, dos misioneros, una tucumana, una chubutense, una neuquina y un correntino. A ese esquema podría sumarse una senadora salteña, lo que permitiría alcanzar alrededor de 40 votos.
El peronismo
El interbloque peronista reúne por ahora 25 votos en rechazo al proyecto. De ese total, 21 corresponden al bloque Justicialista, dos al Frente Cívico de Santiago del Estero y dos a Convicción Federal.
Persisten, sin embargo, las dudas sobre la postura que adoptarán los legisladores de Convicción Federal Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, alineados con los gobernadores dialoguistas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). También generan incertidumbre los votos de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, y de la cordobesa Alejandra Vigo.
Ganancias, el punto más conflictivo
La reducción del Impuesto a las Ganancias para las grandes empresas, que pasaría del 35% al 31,4%, es el aspecto que mayor tensión genera con los gobernadores dialoguistas. El impacto fiscal de la medida, estimado en casi 2 billones de pesos, se sentiría en 2027, año electoral.
Hasta el momento, la mesa política designada por el presidente Javier Milei no contempla modificar la rebaja de Ganancias ni la eliminación de impuestos internos, ni establecer mecanismos de compensación para las provincias.
Indemnizaciones
En materia indemnizatoria, el proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el 3% de los aportes que las empresas realizan a la ANSES y estará destinado a cubrir despidos. Los aliados de la UCR plantean que este beneficio alcance únicamente a las pymes y no a las grandes empresas.
En cambio, sí hay consenso en otros puntos, como el establecimiento de un tope indemnizatorio de un salario por año trabajado, con un máximo de tres veces el salario promedio. El pago podrá realizarse en hasta 12 cuotas para grandes empresas y hasta 18 cuotas para pymes, con una actualización por índice inflacionario más un 3% anual, en lugar de las tasas judiciales.
El dictamen ya incorporó mejoras para las pymes y estableció además que los salarios deberán abonarse exclusivamente en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera.
Convenios colectivos
Otro de los cambios incluidos en el dictamen se vincula con la ultraactividad de los convenios colectivos. Se resolvió mantener durante un año las cláusulas normativas —relativas a las condiciones laborales—, pero no las obligaciones económicas, como los aportes solidarios que muchas empresas realizan a cámaras empresariales y sindicatos.
