Desde Casa Rosada calificaron la investigación como «viciada» y «mediática». El oficialismo desestima las nuevas pruebas del peritaje informático y apunta contra la Procuración por las filtraciones.
En el inicio de una semana que se prevé de alta tensión política, el Gobierno Nacional ratificó que el presidente Javier Milei no asistirá al Congreso de la Nación para brindar explicaciones sobre la denominada «Causa Libra». Pese al reclamo formal de la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, en el entorno presidencial aseguran que la causa carece de sustento jurídico y que el llamado responde a una maniobra «meramente política».
La controversia escaló tras conocerse nuevas pruebas que surgieron del peritaje realizado por el Ministerio Público Fiscal en dispositivos vinculados a Mauricio Novelli, donde se habría hallado evidencia de un contrato con el empresario estadounidense Hayden Davis.
«Prueba viciada» y defensa oficial
Fuentes directas de Balcarce 50 consultadas por la agencia Noticias Argentinas fueron tajantes al desestimar el avance judicial:
Nulidad de la prueba: El oficialismo sostiene que se rompió la cadena de custodia de la información filtrada, lo que invalidaría los hallazgos.
Inexistencia de delito: Afirman que «no hay nada» que investigar y que la causa debería haberse cerrado tiempo atrás.
Foco en las filtraciones: El Gobierno devolvió la presión hacia la Procuración General de la Nación, exigiendo explicaciones sobre cómo se difundieron detalles bajo reserva.
«No va a ir nadie [al Congreso]. Que algunos disfruten sus 15 minutos de fama», dispararon desde el círculo íntimo del mandatario, en clara alusión al diputado Maximiliano Ferraro, quien encabeza los pedidos de interpelación.
El origen del escándalo
La Causa Libra investiga las presuntas irregularidades y el desplome de una criptomoneda vinculada a figuras del entorno libertario en febrero de 2025. El peritaje técnico de la Dirección de Apoyo Tecnológico (DATIP) detectó conversaciones del 14 de febrero de aquel año que comprometerían a funcionarios, aunque desde el Gobierno insisten en que se trata de una «operación mediática».
Por ahora, la estrategia del Ejecutivo es clara: blindar la figura presidencial, ignorar la citación legislativa y contraatacar cuestionando la transparencia de la investigación judicial.
Fuentes: Agencia NA y medios nacionales
