En medio de la creciente disputa con el Gobierno nacional de Javier Milei, el gobernador Axel Kicillof promulgó la Ley N° 15.561, que autoriza a la Provincia de Buenos Aires a avanzar con un esquema de financiamiento por más de US$ 3.600 millones, crea un fondo de inversión para los municipios bonaerenses y dispone la condonación de deudas vinculadas a los fondos Covid.
La norma fue publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense y había sido sancionada el pasado 4 de diciembre por la Legislatura provincial, tras un extenso proceso de negociación política que incluyó acuerdos con sectores del oficialismo y la oposición.
Pese a la aprobación legislativa, la Provincia abrió un frente de conflicto con el Ejecutivo nacional y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes anticiparon que no autorizarán la toma de deuda. Como ocurre con todas las provincias, la operación requiere aval de Nación debido a que la garantía final es la coparticipación federal de impuestos. La discusión central gira en torno a si se trata de “deuda nueva” o, como sostiene el gobierno bonaerense, de financiamiento destinado a afrontar vencimientos heredados de la gestión de María Eugenia Vidal.
Detalles del endeudamiento autorizado
El artículo 1° de la ley habilita al Poder Ejecutivo provincial a endeudarse en pesos u otras monedas por hasta US$ 1.045 millones, monto equivalente a los servicios de amortización de la deuda pública previstos para el ejercicio 2025.
En tanto, el artículo 2° autoriza al Sector Público Provincial a contraer deuda adicional por hasta US$ 1.990 millones, con el objetivo de cancelar o renegociar pasivos financieros y judiciales no previsionales, mejorar el perfil de vencimientos, atender el déficit financiero, regularizar atrasos de Tesorería, otorgar avales y financiar proyectos sociales, ambientales y de inversión.
Fondo de inversión municipal y condonación de deudas
Uno de los ejes centrales de la ley es la creación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que funcionará durante los ejercicios 2026 y 2027 y estará destinado a regularizar atrasos de Tesorería y financiar proyectos sociales, ambientales y de infraestructura en los 135 municipios bonaerenses.
El fondo se integrará con el 8% de los recursos obtenidos por el endeudamiento autorizado y contará con una garantía mínima de $250.000 millones provenientes de Rentas Generales, a transferirse en cinco tramos entre abril de 2026 y junio de 2027. El 70% de los fondos se distribuirá según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante se destinará a programas provinciales ejecutados por los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos, Transporte y el Instituto Cultural.
Además, el artículo 10 dispone la condonación de las deudas que los municipios mantenían con la Provincia por el Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal (Decreto N° 264/2020) y por el Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales (Decreto N° 1610/2023).
Letras del Tesoro y nuevas facultades
La ley también autoriza a la Tesorería General de la Provincia a emitir Letras del Tesoro por hasta US$ 250 millones durante el ejercicio 2026.
En paralelo, habilita a Buenos Aires Energía S.A. a endeudarse por hasta US$ 150 millones para financiar proyectos energéticos, y a Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) a contraer deuda por hasta US$ 250 millones destinada a obras de inversión pública. En ambos casos, se contempla la posibilidad de otorgar garantías provinciales y constituir fideicomisos.
Por otra parte, la norma crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia Económica de la Provincia y los Municipios, integrada por diputados y senadores, con facultades para requerir información al Poder Ejecutivo, analizar proyectos municipales y recibir informes trimestrales sobre la evolución de la deuda pública.
Finalmente, la ley introduce modificaciones en normas vinculadas al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico, al Impuesto al Servicio de Electricidad, al Coeficiente Único de Distribución y al régimen de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, entre otros cambios estructurales.
Fuente: Agencia DIB
