El nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, inició su gestión con una fuerte reestructuración interna y solicitó la renuncia de distintos funcionarios políticos que se desempeñaban en organismos dependientes de la cartera.
La medida fue confirmada por el propio funcionario luego de asumir el cargo en un acto encabezado por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, tras la salida del exministro Mariano Cúneo Libarona.
“Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos”, afirmó Mahiques al explicar el inicio de una reorganización en el área de Justicia.
Entre los cargos alcanzados por la decisión se encuentra el titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo, quien en los últimos meses había protagonizado un enfrentamiento con la Asociación del Fútbol Argentino por distintas investigaciones administrativas vinculadas a la entidad.
El pedido de renuncias también alcanzó a responsables de organismos como la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos y la Oficina de Bienes Recuperados. Según indicaron fuentes oficiales, el objetivo es conformar un equipo de trabajo alineado con la nueva conducción del ministerio.
Cambios en la Procuración del Tesoro
En paralelo, el Gobierno nacional confirmó la designación de Sebastián Amerio como nuevo titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, en reemplazo de Santiago Castro Videla.
El organismo tiene a su cargo la coordinación de los abogados del Estado que intervienen en los litigios contra la administración pública.
Vacantes en la Justicia
Entre las prioridades planteadas por Mahiques para su gestión aparece la cobertura de cargos vacantes dentro del Poder Judicial. Según estimaciones oficiales, actualmente existen más de 300 puestos sin cubrir en distintos tribunales del país.
El ministro sostuvo que el objetivo es avanzar en la designación de jueces y fiscales capacitados, especialmente en el marco de la implementación del sistema acusatorio, que otorga mayor protagonismo a los fiscales en la investigación de delitos.
No obstante, desde el Gobierno reconocen que el proceso dependerá de los acuerdos políticos que puedan alcanzarse en el Senado, donde se requiere mayoría para aprobar los pliegos de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo.
