Pese a la grieta política, Ciudad y Provincia de Buenos Aires avanzan con regulaciones que formalizan la actividad pero evitan reconocer la relación de dependencia.
En un giro político que ha sorprendido tanto a gremios como a analistas, los gobiernos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires han coincidido en el enfoque para regular a las plataformas digitales de reparto (como Rappi y PedidosYa).
Aunque con diferentes nombres y formatos, ambas iniciativas priorizan la seguridad vial y la formalización técnica, dejando de lado el reclamo histórico de los trabajadores: el reconocimiento de la relación laboral de dependencia.
Ciudad: «Buenas Prácticas» y profesionalización
El acuerdo porteño, impulsado por el jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny, se formalizó como un «Convenio de Buenas Prácticas y Colaboración». El texto establece cuatro ejes centrales:
Seguridad Vial: Uso obligatorio de casco y elementos reflectantes.
Seguros: Cobertura obligatoria para los repartidores.
Capacitación: Cursos de conducción segura y primeros auxilios.
Regularización: Inscripción en regímenes simplificados y validación en el RUTRAMUR.
En ningún tramo del convenio se menciona la existencia de un vínculo laboral, manteniendo a los repartidores bajo la figura de prestadores independientes.
Provincia: Registro y transparencia algorítmica
Por su parte, el gobernador Axel Kicillof presentó en la Legislatura un proyecto de ley para crear un «Plan Integral y Registro Provincial». Si bien la iniciativa bonaerense suma la «transparencia algorítmica» (exigir que las empresas expliquen cómo se asignan los pedidos e ingresos), coincide con el esquema de la Ciudad en no calificar la actividad como trabajo dependiente.
El ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, es señalado como el principal impulsor de esta medida. La paradoja no pasó inadvertida: un gobierno de corte sindicalista termina aplicando una lógica regulatoria muy similar a la de la gestión de Jorge Macri.
La reacción de los gremios
Desde la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM), su referente Marcelo Pariente calificó el avance provincial como «un paso positivo», pero dejó clara la postura del sector:
«La regulación de la seguridad debe ser solo el punto de partida. La solución de fondo exige el reconocimiento de la relación laboral que se nos niega», advirtió Pariente.
Fuente Mundo Gremial
