Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense busca establecer un nuevo marco para el funcionamiento de las aplicaciones de transporte como Uber o Cabify, con el objetivo de unificar criterios en toda la provincia y restringir la intervención de los municipios en la actividad.
La iniciativa fue impulsada por el diputado de La Libertad Avanza Oscar Liberman, quien propone considerar al transporte intermediado por plataformas digitales como una “actividad privada de interés público” y no como un servicio público. Este cambio de definición implica que los conductores no necesitarían licencias, concesiones ni habilitaciones específicas por parte del Estado para operar.
El texto establece que la relación entre el conductor y el usuario estará regida por el contrato de transporte contemplado en el Código Civil y Comercial de la Nación, reforzando el principio de “libertad contractual” entre las partes.
En esa línea, el proyecto también crea un Registro Provincial de Plataformas Digitales, de carácter declarativo, gratuito y abierto, que no tendrá efectos habilitantes para el desarrollo de la actividad.
En cuanto al rol del Estado, la propuesta limita su intervención a controles básicos de seguridad ya vigentes, como la licencia de conducir, el seguro obligatorio, la verificación técnica vehicular (VTV) y la identificación del conductor. Además, establece que no podrán exigirse requisitos adicionales ni condiciones equiparables a las de los servicios públicos tradicionales.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la restricción a las regulaciones municipales. La iniciativa dispone que los distritos no podrán fijar tarifas, exigir licencias, imponer cupos ni aplicar tasas o contribuciones sobre este tipo de servicios. Asimismo, habilita la circulación entre municipios sin limitaciones y obliga a que cualquier normativa local se adecue al marco provincial.
Según argumentó Liberman, el objetivo es evitar la superposición de normativas y la carga impositiva sobre la actividad, al tiempo que se busca garantizar un esquema más flexible para conductores y usuarios. “Buscamos delimitar la actuación estatal municipal a las facultades delegadas y asegurar la libertad en la prestación del servicio”, sostuvo.
El proyecto abre un nuevo capítulo en el debate sobre la regulación del transporte digital, un sector en expansión que ha generado tensiones en distintas ciudades entre plataformas, trabajadores y autoridades locales.
Fuente Diario El Día
