Con 42 votos a favor y 30 en contra, el oficialismo consiguió el respaldo del radicalismo, el PRO y bloques provinciales tras más de quince horas de debate. El proyecto será tratado ahora en Diputados.
El Gobierno nacional obtuvo una victoria clave en el Senado al aprobar la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La iniciativa fue sancionada por 42 votos contra 30, luego de una sesión que se extendió durante más de quince horas y que dejó expuesta la fuerte polarización entre oficialismo y oposición.
Tras el aval de la Cámara alta, el proyecto será girado a Diputados, donde el oficialismo aspira a convertirlo en ley antes del 27 de febrero, según señalaron fuentes parlamentarias.
La Libertad Avanza reunió el respaldo de la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales. Los 42 votos afirmativos provinieron de los 20 senadores libertarios, 10 radicales, 3 del PRO y legisladores de fuerzas como Provincias Unidas, Frente de la Concordia, Independencia, Despierta Chubut, La Neuquinidad, Primero los Salteños y el Frente Cívico.
En cambio, los 30 votos negativos correspondieron al interbloque peronista —integrado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero— y a dos legisladores de Santa Cruz.
Qué establece la reforma
El proyecto de modernización laboral contempla una batería de cambios orientados, según el oficialismo, a promover el empleo formal y reducir la litigiosidad. Entre los principales puntos se destacan:
-Incentivos fiscales para fomentar la contratación.
-Topes a las indemnizaciones.
-Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes empresariales.
-Habilitación de convenios colectivos por empresa.
-Implementación del sistema de “banco de horas”.
-Límites al derecho de huelga en servicios esenciales.
Durante el debate en particular, el oficialismo rechazó modificaciones impulsadas por el peronismo. En el capítulo referido a los aportes sindicales y empresariales, se dispuso que continuarán siendo obligatorios, con un tope del 2% para los gremios y del 0,5% para las cámaras empresarias.
También se definió que solo las entidades bancarias podrán pagar salarios, salvo que las billeteras virtuales se adecuen a las normas del Banco Central.
En el tramo final de la negociación, el oficialismo incorporó como anexo el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, al no poder tratarlo como proyecto independiente en el marco de las sesiones extraordinarias.
Cruce de posiciones
El debate estuvo atravesado por fuertes cruces. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa y sostuvo que la legislación vigente es “obsoleta” y mantiene al país “anclado en el pasado”. Afirmó que el crecimiento depende de dinamizar el sector privado y no de ampliar el Estado.
Desde la oposición, el presidente del interbloque peronista, José Mayans, calificó el proyecto de “inconstitucional” al considerar que vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica. “Se tocan 41 leyes, esto no se puede tratar en un día”, cuestionó, y anticipó que la norma “va a fracasar”.
El senador libertario Juan Cruz Godoy abrió la discusión defendiendo el texto como una herramienta para reducir el “miedo a contratar” por parte de los empleadores ante la litigiosidad laboral. En contraposición, el peronista Mariano Recalde sostuvo que la reforma “no está pensada para generar trabajo” y la consideró un retroceso en derechos laborales.
Por su parte, la radical Carolina Losada respaldó la iniciativa al asegurar que impulsará “más inversión, más empresas y mejores jubilaciones”, al ampliar la base de trabajadores registrados.
Un debate de alto voltaje político
La sesión comenzó a las 11.13 con quórum justo y la votación en general se realizó pasada la 1.20 de la madrugada. En total expusieron 32 senadores en el debate general y 10 jefes de bloque en el cierre.
La aprobación de la reforma laboral se suma al Presupuesto 2026 como uno de los principales logros legislativos del oficialismo tras la sanción de la Ley Bases en 2024. Ahora, la atención política se traslada a la Cámara de Diputados, donde el Gobierno buscará consolidar la mayoría necesaria para convertir la iniciativa en ley y avanzar con uno de los ejes centrales de su programa económico.
Fuente: Agencia NA y medios nacionales
