El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, impulsado por el Gobierno, que invierte la carga de la prueba en materia tributaria: desde ahora será el Estado el que deba demostrar las infracciones de los contribuyentes y no estos últimos el cumplimiento de sus obligaciones. La medida apunta —según el oficialismo— a fomentar el blanqueo de capitales en dólares y promover la formalización.
La norma modifica el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y el Código Civil y Comercial de la Nación, además de crear un Régimen de Declaración Jurada Simplificada, que en la práctica reducirá los controles sobre los contribuyentes.
Un “blindaje” para quienes adhieran
La iniciativa incorpora un “Régimen simplificado de Ganancias”, que —de acuerdo a lo que indicó el Gobierno— otorgará un “blindaje permanente” a quienes se inscriban. Para acceder habrá un tope patrimonial de hasta $10.000 millones, y quienes ingresen no deberán informar variaciones patrimoniales ni justificar consumos.
En ese esquema, ARCA únicamente cobrará el Impuesto a las Ganancias sobre los ingresos facturados, sin auditar el eventual crecimiento patrimonial. De esa base también se podrán deducir los consumos declarados.
El artículo 39 establece además el efecto liberatorio del pago cuando el contribuyente acepta el contenido de la declaración propuesta por ARCA y cancela en término, salvo en casos de omisión de ingresos.
Cambios en delitos y sanciones
La nueva ley eleva los montos mínimos para tipificar delitos de evasión:
Evasión simple: pasa de $1.500.000 a $100.000.000.
Evasión agravada: quedará configurada a partir de $1.000 millones (antes $15 millones).
También se reduce de cinco a tres años el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias.
ARCA no iniciará acciones penales en los casos en que el contribuyente cancele la deuda y los intereses correspondientes, beneficio que podrá utilizarse una sola vez por persona. Si la denuncia aún no estuviera radicada, esta quedará extinguida si el pago se realiza dentro de los 30 días hábiles, con un adicional del 50%.
Menos controles, pero más multas
Aunque el espíritu de la norma es relajar los controles fiscales, la legislación endurece el régimen económico sancionatorio: se incrementarán las multas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de término.
Repercusiones
El oficialismo celebró la aprobación como un paso para “dar previsibilidad y simplificar el sistema tributario”. Sin embargo, sectores opositores advirtieron que la norma podría debilitar la fiscalización estatal y favorecer conductas de evasión, en un contexto de necesidad de recursos públicos.
