En medio de la polémica por el otorgamiento de préstamos hipotecarios a funcionarios y dirigentes oficialistas, el Banco de la Nación Argentina salió a rechazar de plano la existencia de beneficios exclusivos y aseguró que no hubo irregularidades ni trato preferencial.
Las declaraciones llegaron de la mano de Mario Zagaglia, gerente zonal y responsable de Banca Personas de la entidad, quien sostuvo que el acceso al crédito responde a criterios técnicos y procesos estandarizados, iguales para todos los solicitantes.
“No hay créditos VIP”
En una entrevista radial, Zagaglia fue categórico:
“No existe trato preferencial o acomodo”, afirmó, en respuesta a las versiones que apuntan a supuestos beneficios para integrantes del oficialismo vinculados a La Libertad Avanza.
Según explicó, cada préstamo otorgado cumple con los mismos requisitos de evaluación crediticia, incluyendo análisis de ingresos, capacidad de pago y garantías, sin excepciones por pertenencia política o función pública.
Cómo funciona la línea cuestionada
La defensa oficial se centra en la línea de créditos hipotecarios “+Hogares”, una de las principales herramientas del banco para el acceso a la vivienda.
Entre sus características principales se destacan:
Tasa preferencial del 4,5% para quienes cobran su sueldo en la entidad
Plazos de hasta 30 años
Financiamiento de hasta el 75% del valor de la propiedad
Montos máximos cercanos a $390 millones
Además, el banco dispone de otras líneas más acotadas —por ejemplo, de hasta $50 millones— destinadas a monotributistas y trabajadores independientes, también disponibles para el público general.
Un tema que sigue bajo la lupa
Las explicaciones del Banco Nación se dan en un contexto de creciente controversia política y mediática, donde sectores opositores cuestionan la transparencia en la asignación de créditos y reclaman mayor información sobre los beneficiarios.
Desde la entidad, sin embargo, insisten en que el sistema es abierto, accesible y regido por normas claras, y rechazan que existan ventajas indebidas para funcionarios o dirigentes.
El debate, lejos de cerrarse, se mantiene en agenda y podría escalar en el ámbito político si avanzan pedidos de informes o investigaciones sobre los mecanismos de otorgamiento.
Fuente Página 12
