La iniciativa obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra. Establece un nuevo régimen penal juvenil, fija topes de pena y prioriza sanciones alternativas para delitos no graves.
Con amplio respaldo parlamentario, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó este jueves el proyecto que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad penal. La votación concluyó con 149 apoyos contra 100 rechazos y ahora la iniciativa deberá ser tratada por el Senado de la Nación Argentina para convertirse en ley.
El oficialismo reunió el acompañamiento de sus aliados habituales y logró sumar respaldos parciales de bloques provinciales, alcanzando una mayoría holgada. En tanto, sectores de Unión por la Patria y la izquierda votaron en contra y calificaron la medida como “punitivista”.
Dentro del peronismo se evidenció una división: mientras el kirchnerismo rechazó la reforma, el Frente Renovador, espacio que responde a Sergio Massa, acompañó la baja a los 14 años, aunque advirtió que el cambio debería abordarse mediante una reforma integral del Código Penal y no a través de un régimen especial, dejando abierta la posibilidad de una judicialización futura.
Qué establece el nuevo régimen penal juvenil
El proyecto fija en 14 años la edad mínima de punibilidad y establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. La prisión efectiva quedará reservada únicamente para delitos graves con escalas de diez años o más.
Para el resto de los casos se contemplan sanciones alternativas como tareas comunitarias, medidas de reparación del daño o prohibiciones de acercamiento a las víctimas. Además, el texto refuerza garantías procesales y define la privación de la libertad como último recurso.
También se incorporan estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso obligatorio a educación, salud y programas de resocialización. El régimen entrará en vigencia seis meses después de su reglamentación, plazo previsto para adecuar las instalaciones penitenciarias.
La iniciativa incluye una primera asignación presupuestaria de 23.000 millones de pesos, cifra que fue cuestionada por la oposición por considerarla insuficiente, especialmente para las provincias.
Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, rechazó que el proyecto busque criminalizar a los jóvenes y sostuvo que el dictamen prioriza penas alternativas y el debido proceso.
Ahora, el Senado tendrá la última palabra sobre una de las reformas penales más discutidas de los últimos años.
Fuente Agencia DIB
