La protesta de efectivos policiales en Santa Fe se profundizó este martes tras una noche de manifestaciones frente a dependencias oficiales, anuncios de sanciones por parte del Gobierno provincial y denuncias de represión formuladas por policías autoconvocados. Mientras el Ministerio de Seguridad reconoció la legitimidad del reclamo salarial, advirtió sobre abandono de funciones y posibles hechos ilegales durante las protestas.
El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, afirmó en conferencia de prensa que el Gobierno comparte “las necesidades y los problemas del personal de la policía de Santa Fe” y calificó el reclamo como “legítimo y atendible en casi su totalidad”. Sin embargo, señaló que a partir de la medianoche se produjeron acciones “violentas y antijurídicas” que afectaron el normal funcionamiento del servicio de seguridad.
Según el funcionario, durante la protesta se registró el abandono de al menos veinte móviles policiales, principalmente en la ciudad de Rosario, que fueron estacionados frente a la Jefatura y luego dejados sin custodia. Cococcioni sostuvo que esa conducta constituye un incumplimiento de los deberes funcionales y eleva el riesgo para la seguridad pública.
Como consecuencia, el Gobierno provincial inició actuaciones administrativas contra los agentes involucrados. “Cerca de veinte funcionarios policiales están siendo pasados a disponibilidad, con retiro de arma y chaleco antibala”, indicó el ministro, quien además confirmó la intervención del Ministerio Público de la Acusación para investigar eventuales responsabilidades penales.
Cococcioni diferenció el reclamo salarial de los hechos ocurridos durante la protesta y remarcó que el Ejecutivo continuará dialogando sobre salarios y condiciones laborales, pero advirtió que no se negociará la seguridad pública. “No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad de todos los habitantes de la provincia”, subrayó.
Desde el sector de los policías autoconvocados, el vocero Gabriel Sarla sostuvo que el reclamo comenzó de manera pacífica y que la escalada del conflicto se produjo tras la interrupción del diálogo con el Gobierno. En declaraciones televisivas, afirmó que desde la semana pasada no hubo nuevas comunicaciones oficiales luego de una reunión inicial con el ministro de Seguridad.
Sarla denunció además que se produjeron episodios de represión frente a la sede de la Fiscalía durante una vigilia en memoria de policías fallecidos, en la que participaban familiares y personal retirado. Según su versión, algunos efectivos abandonaron sus puestos al advertir agresiones contra sus allegados.
En relación con los salarios, el vocero rechazó versiones oficiales sobre sueldos elevados dentro de la fuerza y aseguró que un agente recién ingresado percibe entre 800 y 900 mil pesos de bolsillo, mientras que un efectivo con más de una década de antigüedad no supera el millón trescientos mil pesos.
Mientras continúan las denuncias cruzadas, los policías autoconvocados aseguraron que se mantienen a la espera de una convocatoria formal para retomar el diálogo. En tanto, desde el Gobierno provincial reiteraron su disposición a discutir mejoras salariales y laborales, pero ratificaron que no permitirán medidas que afecten el patrullaje y el despliegue de seguridad en las calles.
