La iniciativa se da en medio del recrudecimiento de los incendios en el sur del país y será incorporada a la reforma del Código Penal que el Ejecutivo enviará al Congreso.
En un contexto marcado por el avance de los incendios forestales en la Patagonia y las crecientes críticas por el desfinanciamiento del sistema de control del fuego, el Gobierno nacional decidió impulsar un aumento de las penas para quienes sean hallados culpables de iniciar incendios de manera intencional.
La estrategia oficial contempla incluir el agravamiento de las sanciones dentro del proyecto de reforma integral del Código Penal, que será enviado al Congreso en las próximas semanas. Sin embargo, fuentes oficiales admiten que todavía no está definido cuántos años se sumarían a las condenas actuales.
Qué dice hoy el Código Penal
En la actualidad, el Código Penal establece penas de prisión o reclusión de entre 3 y 10 años cuando el fuego afecta bienes rurales o productivos, como bosques, montes, cultivos, viñedos, olivares, cañaverales, yerbatales, ganado o productos agrícolas.
Al tratarse de una modificación que formará parte de una reforma más amplia, el eventual endurecimiento de las penas no estará vigente durante la actual temporada de incendios, uno de los principales cuestionamientos que recibe la iniciativa.
Incendios, críticas y reclamos de las provincias
El debate se intensificó luego de que los incendios ya arrasaran más de 20 mil hectáreas en la Patagonia, con especial impacto en la provincia de Chubut. El gobernador provincial reclamó que los responsables “estén presos tantos años como tarda en recuperarse el bosque nativo” y planteó la posibilidad de incorporar la figura de “ecocidio” en la legislación penal, una alternativa que desde la Casa Rosada descartaron, según fuentes citadas por el sitio MDZ.
Las críticas también apuntan al financiamiento del sistema nacional de manejo del fuego, incluidos los salarios de los brigadistas, que rondan los 800 mil pesos mensuales.
Recortes presupuestarios bajo la lupa
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que en 2024 la ejecución presupuestaria fue un 81% menor en términos reales que en 2023, mientras que los recortes proyectados alcanzarían el 70,8% en 2025 y el 70,7% este año.
En la misma línea, el sitio especializado en periodismo ambiental Erverde advirtió que estos ajustes “limitan la capacidad de respuesta, la compra de equipamiento y la contratación de brigadistas” para enfrentar la temporada de incendios.
Desde el Gobierno nacional, el jefe de Gabinete Manuel Adorni defendió el accionar oficial, enumeró los recursos desplegados para combatir las llamas —que en varios puntos destruyeron viviendas— y destacó el “accionar heroico” de los brigadistas, aunque evitó referirse a los recortes.
Polémica por la autoría de los incendios
Otro eje de conflicto es la posible intencionalidad detrás de algunos focos. El Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, aseguró en la red social X que “los indicios preliminares” vinculan los incendios a “grupos terroristas autodenominados mapuches”, bajo la modalidad de “terrorismo ambiental”.
No obstante, el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Meyer, negó que existan pruebas concluyentes en ese sentido, aunque aclaró que no se descarta ninguna hipótesis y confirmó la presencia de acelerantes del fuego en uno de los focos, lo que indicaría que fue provocado.
En este marco, el Gobierno anunció además que derogará una modificación de la Ley Nacional de Manejo del Fuego que impide cambiar el uso de los terrenos incendiados por un plazo de entre 30 y 60 años, una norma impulsada originalmente por el diputado Máximo Kirchner.
