Un grupo de condenados por delitos de lesa humanidad comenzó a impulsar una estrategia para obtener beneficios que les permitan abandonar la cárcel, en una maniobra que ya genera polémica en ámbitos judiciales y de derechos humanos.
La iniciativa es encabezada por Mario Sandoval, exintegrante de la Policía Federal condenado por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Desde la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde permanecen detenidos varios represores, el exagente promovió presentaciones ante distintos organismos estatales.
El planteo central consiste en solicitar que una junta médica evalúe a los detenidos para otorgarles certificados de discapacidad, con el objetivo de argumentar que las condiciones de detención no son compatibles con su estado de salud y edad avanzada.
Según sostienen en sus escritos, la población carcelaria de ese pabellón tiene un promedio cercano a los 78 años, lo que —afirman— convierte al establecimiento en una “prisión geriátrica” sin la infraestructura adecuada. Entre los argumentos, mencionan dificultades de accesibilidad, falta de equipamiento específico y condiciones edilicias que consideran inapropiadas para personas mayores.
La estrategia incluye pedidos para que equipos de evaluación se trasladen directamente al penal, en el marco de gestiones realizadas ante organismos vinculados al área de discapacidad y otras dependencias del Estado.
El movimiento surge en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei no avanzó con medidas concretas que permitan modificar la situación judicial de los condenados por crímenes de la última dictadura, pese a expectativas generadas en algunos sectores.
En paralelo, en los últimos días se conoció la baja de decenas de militares con condenas firmes, lo que profundizó el malestar entre los detenidos.
El intento de obtener beneficios a través de certificados de discapacidad abre un nuevo frente de debate, ya que podría tensionar los criterios judiciales en torno al cumplimiento efectivo de las penas por delitos de lesa humanidad, considerados imprescriptibles por la legislación argentina e internacional.
Fuente Página 12
