Las organizaciones advirtieron que la demora en la implementación afecta directamente a miles de familias que dependen de estos espacios para cubrir necesidades básicas en un contexto de aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria.
(Con información de Agencia Farco)
La Justicia federal ordenó al Ministerio de Capital Humano que incorpore a 30 comedores comunitarios a la política alimentaria estatal, en respuesta a un reclamo presentado hace dos años por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Las organizaciones advirtieron que la demora en la implementación afecta directamente a miles de familias que dependen de estos espacios para cubrir necesidades básicas en un contexto de aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria.
Nicolás Rechanik, representante de la UTEP, explicó el largo camino recorrido: “Esto empezó hace aproximadamente dos años, cuando realizamos una denuncia penal y luego un amparo por la discontinuidad de la política pública”. Aunque la justicia falló reiteradamente en contra del gobierno nacional ordenando la reactivación, el proceso se tornó, según Rechanik, “mucho más tedioso”, ya que hubo que presentar cada caso de manera individual para exigir el cumplimiento.
La decisión política de no alimentar
Desde la organización sostienen que existe una “definición política” del gobierno nacional de dejar de entregar alimentos a comedores comunitarios. “Muchos comedores durante estos dos años tuvieron que cerrar porque dejaron de recibir mercadería”, afirmó Rechanik. “En barrios populares, con el aumento de los problemas alimentarios, sostener estos comedores sin la ayuda del Estado nacional, que es fundamental, se volvió imposible”.
La situación ha obligado a las organizaciones a solicitar en cuatro oportunidades la “habilitación de feria judicial” –incluso en períodos de receso– para forzar al Estado a cumplir con lo ordenado. “El gobierno hace todo lo posible para dificultar este proceso”, señaló Rechanik.
Un goteo de soluciones frente a una emergencia masiva
El representante de UTEP destacó la gravedad de la situación: “Cuando el gobierno dice ‘vamos a visitar todos los comedores’ después de dos años de gestión, hay muchos que lamentablemente funcionan menos días, funcionan con donaciones o algunos ni siquiera funcionan”. La descripción evidencia el deterioro de la red de contención alimentaria en un país donde, según los últimos indicadores, los salarios formales pierden capacidad de compra de manera sostenida.
La orden judicial actual busca incorporar a 30 comedores al programa, pero las organizaciones señalan que la necesidad es mucho más amplia y urgente. La paralización de los trámites durante los recesos judiciales expone a las familias a una incertidumbre constante respecto a un plato de comida.
El costo humano de la desidia
La lucha judicial deja al descubierto la vulnerabilidad de los sectores más afectados por la recesión económica. Mientras el Estado incumple sentencias, la carga recae sobre las organizaciones sociales y las propias comunidades, que intentan sostener los comedores con donaciones y esfuerzo comunitario, en un escenario donde los precios de los alimentos no dejan de aumentar.
La resolución judicial representa un fallo a favor de la vida y los derechos básicos, pero también revela la profundidad de una crisis que se judicializa porque el Estado elige no cumplir con su obligación primaria: garantizar que nadie pase hambre en la Argentina. (InfoNoticias)
