La Cámara Federal de La Plata ordenó la liberación de los principales responsables de la feria La Salada, en un fallo que marca un giro en la causa en la que se los investigaba por presunta asociación ilícita.
Entre los beneficiados se encuentra Jorge Omar Castillo, junto a Antonio Corrillo Torrez y Aldo Enrique Presa. El tribunal dictó la falta de mérito al considerar que no existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones vinculadas a la venta de productos falsificados, evasión fiscal y lavado de dinero.
La resolución fue firmada por los camaristas Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, quienes además dispusieron levantar los embargos millonarios que pesaban sobre los imputados.
Críticas a la investigación
En el fallo, los jueces cuestionaron el trabajo de la fiscal Cecilia Incardona y del juez federal Luis Armella, al considerar que la investigación fue “insuficiente” y careció de la solidez necesaria para avanzar con los procesamientos.
Según la acusación original, en La Salada operaban estructuras dedicadas a la comercialización de mercadería ilegal y al posterior blanqueo de ganancias. Sin embargo, la Cámara sostuvo que las afirmaciones presentadas eran “genéricas y vagas”, por lo que no alcanzaban el grado de certeza requerido.
La investigación sigue abierta
A pesar de la liberación, el tribunal aclaró que la causa no está cerrada y que la investigación deberá continuar para determinar responsabilidades.
Por su parte, Castillo había defendido la legalidad de la actividad al señalar que Punta Mogote funciona como una sociedad registrada y que resulta inviable controlar la mercadería de miles de puestos que operan en la feria.
El impacto en la actividad
La causa había derivado en el cierre temporal de La Salada, generando protestas de puesteros y comerciantes de todo el país que dependen de ese circuito comercial.
Considerada una de las ferias más grandes de Argentina, La Salada concentra la venta mayorista de indumentaria a precios accesibles, con compradores que llegan en tours de compra desde distintas provincias.
Con este fallo, la situación judicial da un giro, aunque el futuro del expediente aún permanece abierto.
Fuente Agencia DIB
