La diputada Mónica Frade presentó una denuncia penal por «tráfico de influencias». Pide revisar todas las carpetas crediticias de legisladores y funcionarios oficialistas. «La narrativa contra la casta es falsa», sentenció.

El escándalo por los créditos hipotecarios millonarios otorgados por el Banco Nación a integrantes de La Libertad Avanza llegó a los tribunales. La diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica) formalizó una denuncia penal para investigar si existió un esquema de privilegios y tráfico de influencias en la adjudicación de estos préstamos.

La legisladora apuntó contra la cúpula del Gobierno y cuestionó la coherencia del relato oficial: «Demuestra que la narrativa contra los privilegios y la casta es falsa», afirmó en declaraciones a Splendid AM 990.

Los puntos clave de la denuncia:

• Revisión de carpetas: Frade solicitó a la Justicia que se auditen todos los legajos crediticios de funcionarios y legisladores. El objetivo es determinar en qué tiempo se otorgaron, qué garantías se presentaron y si se cumplieron los requisitos que se le exigen a cualquier ciudadano.
• Actas de Directorio: La denuncia pide acceder a las actas del Banco Nación para saber cómo y quiénes aprobaron estas operaciones de montos exorbitantes.
• El caso Sharif Menem: La diputada puso como ejemplo al sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, un joven de 24 años que recibió 357 millones de pesos mientras percibía un sueldo de 2 millones en el Congreso. «Es un cargo político, no una carrera profesional que garantice ese crédito», fustigó.

Cruce con Luis Caputo

La denuncia también es una respuesta directa a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien anoche defendió los créditos calificándolos como «la mayor justicia social».

Frade ironizó sobre la contradicción interna del Gabinete: «El Presidente dice que la justicia social es un robo y Caputo habla de justicia social… la verdad es que son raros». Según la legisladora, que un ministro «anime» a sus funcionarios a tomar créditos públicos configura, como mínimo, una falta ética grave en un contexto de crisis económica.

El Gobierno, en una «encerrona» judicial

Esta denuncia se suma a las investigaciones que ya pesan sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y otros funcionarios de alto rango. La Justicia ahora deberá determinar si el acceso a estos créditos fue un proceso transparente de mercado o si, como sostiene la Coalición Cívica, se utilizó el aparato estatal para beneficiar a la propia tropa política.