El juez laboral Raúl Horacio Ojeda defendió la medida cautelar que suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, al considerar que podría implicar una vulneración de derechos constitucionales y principios básicos del derecho laboral.
La decisión, adoptada en el marco de una presentación realizada por la Confederación General del Trabajo, paraliza de manera provisoria aspectos centrales de la Ley 27.802 hasta que se dicte una sentencia de fondo.
En ese sentido, el magistrado sostuvo que la medida apunta a preservar la “paz social” y evitar consecuencias irreversibles.
“La Constitución parece ser un libro olvidado, cuando es nuestra máxima guía”, afirmó Ojeda en declaraciones radiales, al fundamentar su resolución.
Principios en juego
Uno de los ejes centrales del fallo es el principio de no regresividad, incorporado a la Constitución tras la reforma de 1994, que impide retrocesos en materia de derechos sociales y laborales. Según el juez, varios artículos de la nueva normativa podrían contradecir ese principio.
Además, advirtió sobre una posible afectación de la libertad sindical, otro de los pilares del sistema laboral argentino.
“La Constitución son leyes que se escriben en tiempos de paz para momentos de conflictividad, como es el actual”, señaló.
Los puntos suspendidos
La cautelar alcanza aspectos clave de la reforma, entre ellos:
Modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, especialmente en derechos considerados irrenunciables.
Cambios en el régimen de indemnizaciones, incluida la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL).
Restricciones vinculadas a la actividad sindical y el derecho de huelga.
Alteraciones en las condiciones de teletrabajo y organización de la jornada laboral.
Para Ojeda, la aplicación inmediata de estos cambios podría generar un “consumo de derechos” difícil de revertir en caso de que la norma sea declarada inconstitucional.
Lo que viene
El Gobierno nacional anticipó que apelará la medida, por lo que el caso continuará en la Cámara del Trabajo y podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que tendría la última palabra.
Mientras tanto, las disposiciones suspendidas no entrarán en vigencia y continuarán aplicándose las normas laborales previas.
“El objetivo es brindar seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores hasta que haya una definición definitiva”, concluyó el magistrado.
Fuente Mundo Gremial
