La Justicia detectó maniobras ilícitas entre 2023 y 2025 que incluyeron sobreprecios y el direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo. Hay más de 30 personas implicadas y piden inhibir los bienes de las empresas vinculadas.
La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un paso decisivo este jueves. Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron ampliar la indagatoria al extitular del organismo, Diego Spagnuolo, y a otras 30 personas, tras hallar pruebas de una estructura montada para defraudar al Estado y desviar fondos destinados a personas con discapacidad.
Según el dictamen fiscal, el organismo —que depende del Ministerio de Salud— funcionó como un «centro de operaciones» para canalizar pagos indebidos a través del programa Incluir Salud.
El «Manual» de la estafa: cómo operaba la red
Los fiscales describieron un mecanismo sofisticado que permitía obtener sumas millonarias de forma ilegal afectando a beneficiarios de pensiones no contributivas:
- Cartelización: Un grupo de empresas del rubro médico simulaba competir entre sí en las licitaciones, pero en realidad estaban vinculadas o acordaban los precios de antemano.
- Uso del sistema SIIPFIS: Los delincuentes utilizaron el sistema oficial de compras para «maquillar» de transparencia lo que eran adjudicaciones direccionadas a dedo.
- Sobreprecios en insumos críticos: Se detectaron valores muy por encima del mercado en medicamentos de alto costo y elementos de ortopedia.
Medidas cautelares y nuevos implicados
Además de las citaciones a indagatoria, el Ministerio Público Fiscal solicitó la inhibición general de bienes para todos los sospechosos y las personas jurídicas involucradas. El objetivo es evitar que los empresarios y exfuncionarios desvíen sus activos mientras avanza el expediente.
La justicia analiza la responsabilidad de Spagnuolo en este esquema, especialmente tras la difusión de audios que lo comprometen y la sospecha de que «nunca planteó denuncias» internas ante las irregularidades que ocurrían bajo su gestión entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
El impacto en los sectores vulnerables
Lo que más indignación genera en la opinión pública es el destino original de ese dinero. Los fiscales remarcaron que estas maniobras afectaron directamente la atención médica y la provisión de insumos para personas con discapacidad que dependen exclusivamente del Estado para su supervivencia.
Fuente: TN
