El fiscal federal Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, solicitó el procesamiento de diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado contra la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994, y requirió además la captura internacional de un nuevo jerarca del régimen iraní.
En una serie de dictámenes firmados este miércoles, Basso imputó y declaró en rebeldía a Alí Asghar Hejazi, a quien señaló como uno de los principales responsables en la planificación y ejecución del ataque terrorista que dejó 85 muertos y cientos de heridos en Buenos Aires.
La nueva imputación
Según la reconstrucción de la Fiscalía, Hejazi se desempeñaba como mano derecha del líder supremo iraní Alí Khamenei, recientemente fallecido en el marco del ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán.
De acuerdo con la acusación, Hejazi presidía el denominado “Comité Vijeh”, un organismo estatal donde se recopiló información, se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta para destruir la mutual judía en Argentina. Una vez aprobado el plan por los máximos mandos del régimen, habría tenido a su cargo la implementación y coordinación general del atentado.
La imputación se robusteció tras la declaración, en Francia, de cuatro iraníes disidentes que aportaron información sobre la planificación del ataque. Con base en esas pruebas, el fiscal pidió su indagatoria, la captura internacional y su declaración en rebeldía.
El planteo ya fue elevado al Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas.
Los diez acusados
Los diez iraníes y libaneses cuyo procesamiento fue solicitado son los mismos sobre quienes ya se resolvió la aplicación del juicio en ausencia. Permanecen prófugos y pesan sobre ellos alertas rojas de Interpol vigentes desde 2006.
Entre los principales señalados figuran:
Alí Fallahian, ex ministro de Inteligencia.
Alí Akbar Velayati, ex titular de Asuntos Exteriores.
Mohsen Rezai, ex comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria.
Ahmad Vahidi, ex líder de la Fuerza Al Quds y recientemente designado jefe de la Guardia Revolucionaria.
Todos integraban el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, órgano que —según la investigación— habría autorizado el atentado en una reunión reservada realizada en agosto de 1993.
La lista incluye también a ex diplomáticos destinados en Buenos Aires:
Hadi Soleimanpour, embajador de Irán.
Mohsen Rabbani, consejero cultural.
Ahmad Reza Asghari, tercer secretario de la embajada.
Una red de espionaje encubierta
La UFI AMIA sostiene que este grupo conformó una red de inteligencia encubierta bajo cobertura diplomática. Según la acusación, su función fue recolectar información sobre el blanco elegido, brindar apoyo logístico a los ejecutores materiales y facilitar maniobras posteriores al atentado, aprovechando la inmunidad diplomática para evitar controles.
A más de tres décadas del ataque, la causa judicial continúa sumando elementos en busca de responsabilidades penales, en uno de los expedientes más complejos y sensibles de la historia argentina reciente.
