La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entrará en una nueva etapa durante marzo, cuando la Justicia avance con la apertura de celulares, computadoras, servidores y otros dispositivos electrónicos secuestrados en oficinas de la empresa Suizo Argentina.
La medida se da en el marco del expediente que ya acumula 19 personas procesadas por administración fraudulenta y presunta cartelización, entre ellas el exfuncionario Diego Spagnuolo, y busca determinar si la droguería actuó como un posible “proveedor en las sombras” de firmas de menor porte que resultaron beneficiadas en licitaciones acotadas.
El procesamiento fue dictado por el juez Sebastián Casanello, quien describió un entramado de adjudicaciones direccionadas, sobreprecios y retornos a través de droguerías intermediarias. Según consta en la causa, se habrían realizado 21 licitaciones restringidas por un total superior a los $30.000 millones, con una fuerte concentración de compras en un pequeño grupo de empresas.
La pesquisa ahora apunta a establecer si Suizo Argentina proveyó los medicamentos que esas droguerías debían entregar al Estado pese a no contar con infraestructura suficiente. Durante los allanamientos, los investigadores detectaron depósitos vacíos, equipamiento mínimo y un marcado crecimiento de ventas de algunas firmas, incompatible con su capacidad operativa.
El fiscal Carlos Picardi profundizará esta línea investigativa, que también pone el foco en el rol de un abogado de la compañía, señalado en escuchas y mensajes incorporados al expediente como un actor clave del presunto esquema de sobrefacturación de medicamentos de alto costo destinados al programa Incluir Salud.
Desde Suizo Argentina negaron cualquier tipo de maniobra ilegal y aseguraron que las ventas entre droguerías son prácticas habituales del mercado. Voceros de la empresa afirmaron que no existió intermediación con firmas “fantasma” ni participación en licitaciones con sobreprecios.
En paralelo, el avance sobre los dispositivos electrónicos coincidirá con un cambio en la conducción del expediente: tras un sorteo en la Cámara Federal, el juez Ariel Lijo quedó a cargo de la causa, que continuará con peritajes digitales clave y eventuales nuevas imputaciones.
Lijo hereda un expediente con procesamientos firmes, pero también con planteos de nulidad por parte de las defensas, que cuestionan la validez de algunas pruebas. La apertura de los servidores y teléfonos será determinante para establecer si existió coordinación entre proveedores y funcionarios y para definir el futuro judicial de uno de los casos de presunta corrupción más sensibles vinculados al sistema de salud y discapacidad.
Fuente TN
