La justicia venezolana ordenó la libertad inmediata de 379 presos políticos, apenas un día después de que la Asamblea Nacional aprobara una histórica Ley de Amnistía, impulsada por el gobierno interino a fin de reconfigurar el escenario institucional tras la caída del expresidente Nicolás Maduro.
La medida fue anunciada el viernes por el diputado oficialista Jorge Arreaza, encargado de supervisar la implementación de la normativa, quien señaló que los liberados “deben excarcelarse entre la noche de hoy y la mañana de mañana”.
Un paso hacia la “reconciliación nacional”
La ley, denominada oficialmente Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional venezolana la semana pasada y promulgada rápidamente por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien defendió su implementación como un paso hacia “una Venezuela más democrática, más justa y más libre”.
Rodríguez destacó que la norma busca abrir un nuevo capítulo de paz, reconocimiento y coexistencia política, en un intento por superar décadas de polarización y conflictos tras el derrocamiento de Maduro por fuerzas estadounidenses a comienzos de enero.
Liberaciones e impacto inmediato
De acuerdo con Arreaza, el proceso de excarcelación se concentra en varias regiones del país y apunta a beneficiar principalmente a activistas, dirigentes opositores, periodistas y otros detenidos por motivos políticos desde finales del siglo XX hasta la actualidad.
Organizaciones como Foro Penal habían informado que antes de la aprobación de la ley había alrededor de 650 presos políticos en Venezuela, pese a que semanas atrás ya se habían otorgado libertades condicionales a más de 448 detenidos desde la captura de Maduro.
Críticas y limitaciones de la norma
A pesar del impacto inmediato de la liberación, diversos analistas y grupos de derechos humanos han expresado dudas sobre el alcance real de la ley. El texto excluye de los beneficios a personas acusadas o condenadas por crímenes graves, como violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, homicidio, narcotráfico, corrupción y rebelión militar, entre otros.
Además, sectores de la oposición y organizaciones civiles alertan que cientos de presos políticos seguirán fuera de la amnistía debido a esas restricciones, y que la aplicación de la ley depende todavía de decisiones judiciales que muchos consideran parciales o vinculadas al antiguo régimen.
Reacción internacional y contexto político
La aprobación de la ley de amnistía ha resonado también en el ámbito internacional. Países como España han instado a la Unión Europea a considerar el levantamiento de sanciones contra el gobierno interino como parte de un apoyo más amplio al proceso de transición democrática en Venezuela.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han recibido la normativa con cautela, advirtiendo que sin una reforma judicial profunda y garantías independientes, la medida por sí sola no garantizará la libertad plena ni la protección efectiva de los derechos fundamentales.
