El gobierno de Venezuela dio un paso importante en la implementación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, al liberar a más de 3.000 personas encarceladas o bajo medidas restrictivas debido a esa normativa. Así lo confirmó Jorge Arreaza, presidente de la comisión especial que supervisa el proceso legislativo y de aplicación de la ley en el órgano parlamentario.
Arreaza indicó que se concedieron 3.052 libertades plenas a personas que ya estaban beneficiadas con alguna medida cautelar y que, hasta la mañana de este martes, se habían recibido 4.203 solicitudes de otros presos que buscan acceder al beneficio.
La ley, aprobada hace pocos días, fue promovida como una herramienta para promover la convivencia democrática tras un contexto político tenso en el país. Sin embargo, no otorga amnistía a condenados por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, asesinato, narcotráfico o corrupción, entre otros delitos graves —lo que significa que no todos los privados de libertad quedan automáticamente habilitados para su liberación bajo este marco.
El proceso continúa y las autoridades siguen recibiendo y evaluando solicitudes, mientras familiares de presos, organizaciones sociales y algunos sectores políticos monitorean de cerca el avance y los alcances reales de la ley, que ha generado debate interno e internacional sobre su aplicación y su efectividad para lograr una solución amplia a la situación de los detenidos.
