El dirigente Cristian Jerónimo denunció que el proyecto oficialista fue redactado por estudios jurídicos corporativos y advirtió sobre un desfinanciamiento millonario para las provincias y las obras sociales.
En la previa del debate legislativo clave previsto para febrero, la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) intensificó su ofensiva contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional. Cristian Jerónimo, secretario general del Sindicato del Vidrio y referente de la central obrera, aseguró que la iniciativa no busca mejorar la economía real sino favorecer intereses sectoriales.
«Lo que se está jugando no es un capricho de los trabajadores, es el futuro de la Argentina», sentenció el dirigente en declaraciones radiales, marcando la cancha ante la inminente discusión en el Congreso.
Una ley con «nombre y apellido»
Uno de los puntos más filosos de la denuncia de Jerónimo radica en la génesis del proyecto. Según el gremialista, el texto normativo «se redactó en los bufetes de abogados de las grandes corporaciones», dejando de lado las necesidades de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y la creación de empleo genuino.
Frente a esto, la CGT busca posicionarse no solo como opositora, sino como una alternativa técnica. Jerónimo confirmó que los equipos jurídicos de la central ya están presentando propuestas propias en las reuniones que mantienen con gobernadores y senadores de distintos signos políticos para frenar el avance de la ley tal como está planteada.
Alerta por el «desfinanciamiento masivo»
Desde la central obrera identifican tres ejes críticos donde la reforma impactaría de manera inmediata y negativa:
Obras Sociales: Advierten que la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) pondría en riesgo la atención sanitaria de millones de afiliados.
Sistema Previsional: El proyecto golpearía la sustentabilidad de la caja de jubilaciones.
Economías Regionales: Jerónimo estimó que las provincias podrían enfrentar un bache financiero cercano a los 12.000 millones de dólares, lo que pondría en jaque las arcas de los gobernadores.
Febrero, el mes clave en el Congreso
Con el plenario de las CTA también convocado para el 3 de febrero, el escenario de conflictividad social parece escalar. La estrategia de la CGT es clara: apelar a la «conciencia política» de los legisladores para que no voten una ley que consideran excluyente.
«Hay que entender que este proyecto no contempla beneficios para la producción local ni capacidad de generar puestos de trabajo», concluyó el líder del Vidrio, ratificando que la resistencia gremial se trasladará tanto a los pasillos del Congreso como a las calles si no hay modificaciones de fondo.
Fuente Mundo Gremial
