La cúpula sindical descartó el paro general inmediato y confía en que el Congreso y la Justicia laboral operen como diques de contención contra los puntos más polémicos del proyecto libertario.
Tras confirmar una movilización al Congreso para este miércoles —pero sin el cese de actividades que exigían los sectores más duros—, la conducción de la CGT ha comenzado a desplegar lo que internamente denominan una «guerra de varias batallas». La apuesta de la nueva cúpula, integrada por Arguello, Sola y Jerónimo, no es el choque frontal, sino un minucioso trabajo de pinzas legislativo y judicial.
“Estamos tranquilos, no está todo tan definido como algunos quieren hacer ver”, confió un encumbrado dirigente de la central a la Agencia Noticias Argentinas. La confianza reside en una premisa política: el oficialismo puede conseguir la aprobación en general, pero la ley podría «licuarse» en la discusión en particular.
El «desguace» en el recinto
La CGT mantiene un diálogo fluido con legisladores aliados y opositores «dialoguistas». El objetivo es que, durante la votación artículo por artículo, se caigan los pilares que afectan directamente el poder de las cajas y la estructura sindical:
- Ultraactividad: La resistencia a que los convenios colectivos pierdan vigencia automática, lo que obligaría a negociar por empresa.
- Cuota Solidaria: El aporte de trabajadores no afiliados, vital para el financiamiento de los gremios.
- Fondo de Asignación Laboral (FAL): El rechazo al sistema que busca reemplazar las indemnizaciones actuales.
- Servicios Esenciales: El intento de ampliar esta categoría para limitar el derecho a huelga en más actividades.
La Justicia: El terreno conocido
La segunda carta fuerte es la judicialización. La central obrera recuerda con éxito cómo logró frenar el capítulo laboral del mega DNU de Milei. Sin embargo, en Azopardo hay cautela: saben que impugnar una ley votada por el Congreso es técnicamente más complejo que cuestionar un decreto de necesidad y urgencia.
Aun así, confían en que la Justicia Laboral, históricamente receptiva a los planteos sindicales, actúe como una red de seguridad. “No va a ser tan fácil como el DNU, pero tenemos argumentos sólidos sobre la inconstitucionalidad de varios puntos”, advierten desde el equipo legal de la central.
El paro general, una carta guardada
La decisión de no llamar a un paro este miércoles responde a la necesidad de no «quemar naves» prematuramente. Los sectores dialoguistas de la CGT prefieren guardar el poder de fuego para cuando el tratamiento legislativo llegue a su etapa definitoria o cuando la aplicación de la ley comience a impactar en los bolsillos.
Mientras tanto, la marcha del miércoles servirá como un termómetro de la capacidad de movilización y como una advertencia a los gobernadores que aún dudan en el Senado: la CGT está dispuesta a negociar, pero no a ceder la estructura que sostiene su poder histórico.
Fuente Agencia Noticias Argentinas


