La CGT y las CTA anticiparon que judicializarán la norma una vez promulgada. Especialistas advierten que los planteos apuntarán a su inconstitucionalidad y podrían tramitar en distintos fueros.
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei se encamina a convertirse en ley tras su tratamiento en el Senado y, según adelantaron centrales sindicales, su implementación será rápidamente judicializada.
Tanto la Confederación General del Trabajo (CGT) como la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) confirmaron que presentarán acciones en tribunales al considerar que la norma vulnera derechos constitucionales.
El secretario general de la CGT, Jorge Sola, adelantó que acudirán a la Justicia apenas la ley sea promulgada. En la misma línea, desde las CTA —espacio referenciado por el diputado Hugo Yasky— indicaron que trabajan en planteos conjuntos junto a abogados laboralistas y constitucionalistas.
Los ejes de la impugnación
De acuerdo con especialistas consultados por distintos medios, los cuestionamientos se centrarán en tres grandes ejes:
Derechos individuales: por la posible afectación de garantías laborales como jornada, vacaciones e indemnizaciones.
Derechos colectivos: por eventuales restricciones al derecho de huelga y a la actividad sindical.
Inconstitucionalidad general: por presunta vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Entre los puntos más controvertidos figuran la posibilidad de extender la jornada laboral mediante un sistema de “banco de horas”, el fraccionamiento de vacaciones, el pago de indemnizaciones en cuotas y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral.
Qué caminos judiciales podrían abrirse
Los planteos podrían canalizarse a través de distintas vías:
Acciones de amparo, solicitando la suspensión inmediata de artículos específicos.
Demandas individuales de trabajadores afectados, bajo la estrategia del “caso por caso”.
Presentaciones colectivas impulsadas por sindicatos.
Acciones en el fuero laboral y/o en el fuero Contencioso Administrativo Federal, dependiendo del alcance del cuestionamiento.
Juristas señalan que uno de los debates centrales será si la Justicia admite una declaración de inconstitucionalidad con efectos generales o si limita sus fallos a situaciones concretas, lo que obligaría a litigar cada caso en particular.
La estrategia oficial
Desde el oficialismo, en tanto, se apuesta a que la eventual judicialización se dé bajo la lógica del “caso por caso”, evitando que una sentencia de alcance amplio suspenda la totalidad de la ley. Esa estrategia podría blindar la norma de un freno generalizado, aunque abriría múltiples litigios individuales.
El escenario judicial, así, aparece como el próximo capítulo de la reforma laboral, en un contexto de alta tensión política y sindical, y con un debate que promete trasladarse de lleno a los tribunales.
Fuente El Destape
