La nueva normativa se enmarca en la Ley de Inocencia Fiscal y endurece las sanciones por incumplimientos formales. Los contribuyentes tienen 10 días hábiles para actualizar sus datos ante el organismo.
Un simple error formal en las declaraciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede convertirse en una sanción económica de gran magnitud. A partir de la entrada en vigencia de la Resolución General 5809, el organismo estableció nuevos procedimientos para la declaración del domicilio fiscal que prevén multas que van desde los $150.000 hasta los $35 millones.
La medida se inscribe en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal, que introdujo cambios relevantes en el esquema de control y sanciones tributarias. Según la normativa, los contribuyentes que cambien el lugar donde desarrollan sus actividades deben informar la modificación del domicilio fiscal dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles.
El incumplimiento de este requisito, aun cuando se trate de una falta meramente formal, puede derivar en severas penalidades económicas. Desde ARCA remarcan que el domicilio fiscal constituye un dato clave para las notificaciones, fiscalizaciones y demás actuaciones administrativas, por lo que su correcta actualización resulta obligatoria.
La resolución generó preocupación entre especialistas y contribuyentes, ya que eleva considerablemente el impacto de errores administrativos que, hasta ahora, solían tener consecuencias menores.
En ese contexto, se recomienda revisar periódicamente la información registrada ante el organismo y cumplir en tiempo y forma con cualquier modificación vinculada al domicilio fiscal, para evitar sanciones que podrían alcanzar cifras millonarias.
Fuente: Diario Ámbito
