El Gobierno reglamentó este lunes la Ley de Inocencia Fiscal y puso en marcha un nuevo esquema tributario que busca incentivar el ingreso al circuito formal de ahorros no declarados, incluidos los denominados “dólares del colchón”, sin revisar la evolución patrimonial de los contribuyentes.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 93/2026, publicado en el Boletín Oficial, que activó el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y redefinió los criterios de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). A partir de ahora, el organismo sólo podrá controlar ingresos declarados y deducciones admitidas, quedando excluidos el incremento patrimonial, los consumos personales y los depósitos bancarios.
Con este esquema, el Ejecutivo apunta a que el blanqueo deje de ser una herramienta excepcional y se transforme en un mecanismo permanente. La normativa introduce lo que el Gobierno denomina un “tapón fiscal”: si el contribuyente presenta su declaración y paga el impuesto en tiempo y forma, se clausura la posibilidad de revisiones administrativas y penales sobre períodos anteriores.
Desde la ARCA destacaron que la Ley de Inocencia Fiscal implica un cambio de paradigma. “Se deja atrás un régimen persecutorio que empujó durante décadas a millones de argentinos a la informalidad. La ley devuelve la libertad de usar el dinero sin tener que dar explicaciones”, señaló el organismo en un comunicado.
El Régimen Simplificado de Ganancias es voluntario y está dirigido a personas humanas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones, verificados año por año en los últimos tres ejercicios. Quedan excluidos los grandes contribuyentes, estimados en alrededor de 900 personas.
Uno de los puntos centrales del decreto es la operatoria con los dólares no declarados. Para regularizarlos, deberán ingresar al sistema financiero, ya sea mediante depósitos en cuentas propias o transferencias directas al vendedor. Se mantiene, no obstante, la excepción para la compra de inmuebles, que podrá seguir realizándose en efectivo. Además, se elevaron los umbrales de información bancaria: las operaciones de hasta $10 millones mensuales no generarán reportes automáticos a la ARCA.
En el plano penal, la reglamentación elevó los montos mínimos para la configuración de delitos tributarios: la evasión simple pasó a $100 millones y la evasión agravada a $1.000 millones. Para los contribuyentes cumplidores, el plazo de prescripción se redujo de cinco a tres años y se habilitó un mecanismo de regularización voluntaria que permite extinguir la acción penal mediante el pago del impuesto, intereses y una multa.
Desde el organismo recaudador aclararon que los monotributistas que quieran ingresar dólares al sistema deberán adherir previamente al Régimen Simplificado de Ganancias. De lo contrario, quedarán expuestos a fiscalizaciones. En el Gobierno confían en que una porción significativa de este segmento optará por regularizar su situación.
Con la puesta en marcha del régimen, el Ejecutivo busca reforzar la bancarización, ampliar la base tributaria y canalizar hacia la economía formal una parte del ahorro en dólares que hoy permanece fuera del sistema.
