La Agrupación de Profesionales de la Salud de Olavarría (APSO) convoca a una concentración y paro de actividades para reclamar la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Una ley aprobada pero sin ejecución
La Ley de Emergencia en Discapacidad obtuvo sanción nacional, pero el Estado todavía no instrumentó las partidas presupuestarias necesarias. Esa falta de ejecución provocó malestar entre prestadores y usuarios, que reclaman medidas concretas y un presupuesto acorde a las necesidades reales del sector.
Los profesionales locales constituyeron la Agrupación de Profesionales de la Salud de Olavarría (APSO), que agrupa a psicopedagogos, terapeutas y acompañantes terapéuticos. La organización convocó a un paro para mañana y una concentración en la plaza central a las 17, en reclamo por la aplicación efectiva de la ley.
Reclamo por aumentos y pagos demorados
Las autoridades nacionales anunciaron un incremento escalonado del 35% en tres tramos. Sin embargo, los profesionales sostienen que esa medida no compensa los retrasos en los cobros ni respeta el aumento del 70% que establece la ley. La demora en los pagos —que puede llegar a tres meses o más— deja a los trabajadores sin ingresos estables y sin capacidad de sostener los tratamientos.
Marlene Cortavarría, licenciada en Psicopedagogía y referente de APSO, expresó: “Hace un año que no recibimos un aumento real. Los honorarios llegan con demoras de meses y eso obliga a muchos colegas a dejar de atender por este sistema”. Y agregó: “Necesitamos condiciones laborales que permitan garantizar la continuidad de las prestaciones”.
Precarización del sistema y pérdida de derechos
El modo de pago actual afecta toda la cadena de atención. Los profesionales cobran en forma diferida, con demoras que comprometen la estabilidad económica de los consultorios y centros terapéuticos. Además, la tarifa vigente no cubre los costos de funcionamiento ni refleja la realidad inflacionaria del país.
Esa situación se traduce en un efecto directo sobre los pacientes. “Nosotros trabajamos mucho con la infancia, pero el resultado es que se está privando del derecho a la atención en salud de niños, adolescentes y adultos”, explicó Cortavarría. Cuando el sistema se vuelve insostenible, los prestadores reducen su carga horaria o dejan de atender por obra social, lo que limita el acceso a las prestaciones.
Los acompañantes terapéuticos, entre los más afectados
El conflicto también golpea con fuerza a los acompañantes terapéuticos, quienes en muchos casos no cobran sus honorarios o reciben descuentos arbitrarios. Cuando no pueden asistir a los establecimientos, los niños quedan fuera de la escuela o sin acompañamiento, lo que vulnera su derecho a la educación inclusiva.
“Niño que no va con su acompañante, no ingresa a la escuela”, detalló la referente. Esa interrupción refleja el núcleo del problema: un sistema que, al no garantizar los pagos en tiempo y forma, termina afectando a las familias y, sobre todo, a los pacientes.
Organización y acciones colectivas
En las últimas semanas, APSO articuló su reclamo con otros sectores del país y participó de las medidas de fuerza desarrolladas en Buenos Aires. A nivel local, el Sindicato de Ceramistas ofreció un espacio para reuniones y debates técnicos sobre la situación del sector. Desde allí surgió la decisión de sostener paros semanales y visibilizar el reclamo en el espacio público.
Mañana, los profesionales no brindarán atención en los centros adheridos. La jornada incluirá una concentración en la plaza central, donde elaborarán carteles informativos y grabarán un video destinado a explicar a las familias el sentido de la medida y las causas del conflicto.
Una realidad económica insostenible
Los números del sector reflejan la magnitud del problema. Actualmente, la sesión promedio se remunera en 12.000 pesos, que se cobran tres meses después de brindada la atención. Con el aumento previsto, el monto llegaría a 16.000 pesos recién en diciembre, aunque se cobraría en febrero o marzo. El contraste entre el valor nominal y el retraso en el pago explica la sensación generalizada de precarización.
“Estamos pidiendo acompañamiento y empatía”, manifestó Cortavarría. “Hoy nos pasa a nosotros, pero cualquiera puede necesitar una prestación en algún momento, y para eso deben existir condiciones dignas que garanticen la atención”, agregó.
Continuidad del reclamo y llamado a la sociedad
La jornada de mañana será una más dentro de una serie de acciones que la agrupación planea sostener hasta lograr respuestas concretas. APSO busca sumar adhesiones de otros centros y conformar una mesa intersectorial con sindicatos y organizaciones civiles que fortalezcan la negociación con autoridades provinciales y nacionales.
Hasta el momento, los responsables institucionales no ofrecieron un cronograma de implementación ni plazos firmes para el flujo de fondos. “Sin fondos reales no hay acceso”, afirmó Cortavarría, sintetizando el eje del reclamo. Esa frase condensa el espíritu de la movilización que mañana volverá a ocupar la plaza central de Olavarría en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. (InfoNoticias)
