El caso de la ingeniera química y profesora atacada por un alumno de 15 años en pleno salón de clases en el año 2000. Su fallecimiento, ocurrido tras varias intervenciones en el Hospital Municipal, desató marchas multitudinarias y un debate nacional sobre la violencia escolar.
Aquel mediodía de diciembre, el aula de noveno año del Colegio San Antonio de Padua se convirtió en el escenario de una tragedia inexplicable. Maritza Prezzoli se encontraba tomando exámenes cuando fue apuñalada por uno de sus estudiantes. A pesar de los esfuerzos médicos y las cadenas de oración que movilizaron a toda la ciudad, la docente falleció, dejando un vacío irreparable en su familia y en la comunidad educativa.
El caso trascendió las fronteras del partido y llegó a los principales medios nacionales. La indignación se transformó en un reclamo colectivo por mayor protección para los educadores y una revisión de los vínculos familiares y escolares.
Miles de vecinos acompañaron a la familia en marchas de silencio, pidiendo justicia y seguridad en los establecimientos educativos.
El crimen motivó cartas y editoriales, como la publicada en el diario La Nación, donde colegas de todo el país hablaban de una «sociedad peligrosamente enferma» y de la necesidad de replantear los mensajes que los adultos emiten a los jóvenes.
El proceso judicial y la sentencia
Tras el ataque, el joven fue derivado a un Instituto de Menores, dada su edad al momento del hecho. Sin embargo, el frente civil del caso sentó un precedente importante en 2005:
Responsabilidad compartida: La Justicia ordenó el pago de una indemnización económica a la familia de la docente.
Los condenados: El fallo alcanzó tanto a los padres del alumno como a la Orden Franciscana, responsable legal del Colegio San Antonio, al considerar que fallaron los mecanismos de prevención y cuidado dentro del ámbito escolar.
Hoy, a más de 25 años de aquella «absurda puñalada», el nombre de Maritza Prezzoli sigue siendo sinónimo de una herida que no termina de cerrar.
