Sancionado el 30 de diciembre durante el receso legislativo, el decreto habilita fondos reservados sin control, reactiva la vigilancia a organizaciones sociales y concentra información sensible de todos los organismos públicos.
(Con información de Agencia Farco)
En un contexto institucional marcado por la ausencia de sesiones legislativas, el Gobierno nacional impulsó una reforma integral de la Ley de Inteligencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que, según especialistas, concentra facultades extraordinarias en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y vulnera principios constitucionales. La modificación habilita detenciones sin orden judicial, autoriza la inteligencia política sobre organizaciones sociales y partidos, y centraliza el acceso a datos sensibles sin control parlamentario ni rendición de cuentas.
Detenciones sin orden judicial: ¿una policía secreta?
Uno de los puntos más críticos de la reforma es la habilitación para que agentes de inteligencia —sin uniforme ni identificación— realicen detenciones sin intervención judicial. “Se los habilita a tener personas sin orden judicial y sin que se sepa bien a dónde los van a llevar ni por cuánto tiempo los van a detener”, señaló la analista Cipriano en declaraciones recogidas por la Agencia FARCO. Esta figura, típica de legislaciones penalistas, resulta “grotesca” según sus palabras, y contradice las atribuciones propias del Congreso.
El retorno de la inteligencia política y la centralización de datos
Otra arista polémica es la reautorización de la inteligencia dirigida a organizaciones políticas, sindicatos y partidos, una práctica vedada desde el retorno a la democracia. Además, la SIDE concentrará información sensible de organismos como el RENAPER o Migraciones, construyendo una “comunidad informativa” estatal. “Todos tienen obligación de aportar esa información”, explicó Cipriano, quien alertó sobre la falta de control en el uso de “fondos reservados” asignados a la agencia.
Un DNU que evade el debate parlamentario
La elección de legislar vía DNU en materia de inteligencia y seguridad ha sido cuestionada por su evidente elusión del Congreso. “No explica el porqué la urgencia de hacerlo ahora, sobre las fiestas, cuando el Congreso no está sesionando”, apuntó la especialista. Esta modalidad impide el tratamiento democrático de normas que, por su alcance, requieren discusión y consenso multipartidario.
La Justicia como posible límite
Frente a este escenario, organizaciones de derechos humanos y legisladores presentaron recursos de amparo para frenar la implementación del decreto. Cipriano confió en que “la justicia le ponga un límite a ese desborde del poder punitivo del Estado”, recordando que es función judicial controlar los excesos del poder ejecutivo. Mientras tanto, la reforma sigue su curso, modificando leyes y reinterpretando la Constitución sin el aval de las cámaras.
Conclusión
La reforma de inteligencia vía DNU marca un precedente atípico y riesgoso en la democracia argentina: concentra poderes desmedidos en un organismo no deliberativo, elimina garantías judiciales en detenciones y reactiva prácticas de vigilancia política propias de regímenes autoritarios. La sociedad espera que la Justicia y, eventualmente, el Congreso restablezcan los equilibrios que el decreto ha alterado.
