El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar que paraliza gran parte de la Ley 27.802, argumentando la posible «afectación de derechos constitucionales» y el riesgo de un «perjuicio inminente» para los trabajadores. La decisión judicial se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la norma.
El fallo responde a la presentación realizada por el triunvirato de la central obrera, integrado por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo. La Justicia advirtió que la aplicación inmediata de la ley podría generar una «ruptura en los derechos laborales adquiridos», especialmente en áreas sensibles como la sindicalización y el derecho a huelga.
Los puntos centrales del fallo judicial
El magistrado fundamentó la suspensión basándose en criterios de prudencia y protección de garantías básicas:
Verosimilitud del derecho: El juzgado consideró que existen elementos suficientes para dudar de la validez constitucional de los artículos cuestionados.
Paz social: El texto señala que la suspensión provisoria busca «aguardar con paz social» hasta que se produzca un debate más intenso y definitivo en la causa de fondo.
Legitimación de la CGT: El fallo ratifica que la central obrera tiene la facultad legal para impugnar normas que afecten los derechos colectivos de negociación y huelga.
El impacto en la Ley de Modernización Laboral
La Ley 27.802, sancionada hace apenas un mes (el 27 de febrero), buscaba flexibilizar diversos aspectos de la contratación y el empleo en el país. Con esta resolución, una parte significativa de su articulado queda sin efecto técnico de manera temporal. Desde el Gobierno Nacional se espera una apelación inmediata, mientras que los sectores gremiales celebraron la medida como un resguardo ante lo que consideran un avance sobre beneficios históricos del sector trabajador.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
