El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la falta de avances en las causas judiciales por castraciones masivas ilegales, realizadas por personas no habilitadas y en condiciones sanitarias inadecuadas.
Desde hace años, en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires se multiplican las ofertas de castraciones masivas y de bajo costo difundidas por redes sociales. Muchas de ellas se realizan en lugares no habilitados –garajes, sótanos, predios precarios–, sin las condiciones de higiene, equipamiento ni seguimiento profesional que exige la ley. Quienes las realizan, en muchos casos, no son médicos veterinarios matriculados.
Frente a esta realidad, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA) viene presentando denuncias formales en distintas fiscalías, con pruebas que acreditan el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria. Sin embargo, según informó la entidad, las causas “no han tenido avances significativos”, lo que favorece la continuidad de estas prácticas y expone a animales y personas a riesgos sanitarios graves.
“La castración es un acto médico veterinario, no un trámite administrativo ni una intervención mecánica”, señaló el CVPBA en un comunicado difundido esta semana. La entidad recuerda que la ley exige que sea realizada exclusivamente por profesionales matriculados, en establecimientos habilitados, con protocolos de asepsia, anestesia adecuada, control del dolor y seguimiento postoperatorio.
“Cuando se omite este marco –agregó el Colegio–, no solo se vulnera la normativa profesional, sino que se pone en riesgo la vida del animal y se compromete la salud pública, por ejemplo, a través de la posible transmisión de zoonosis o infecciones”.
Según datos aportados por organizaciones protectoras de animales consultadas para esta nota, en los últimos dos años se han registrado múltiples casos de complicaciones postoperatorias en perros y gatos castrados en condiciones ilegales: infecciones, heridas mal cerradas, reacciones adversas a anestésicos no controlados e, incluso, muertes evitables.
La respuesta judicial, en falta
El CVPBA sostiene que, pese a haber presentado pruebas documentales, fotográficas y testimonios en varias fiscalías, las causas “duermen” o avanzan con lentitud. Esta falta de respuestas efectivas, advierten, no solo desalienta la denuncia, sino que normaliza una práctica que debería ser perseguida de oficio.
“No se trata solo de competencia profesional, sino de prevenir el maltrato animal y proteger a la comunidad”, insistió la entidad, que anunció que continuará actuando en el ámbito institucional y judicial para frenar estas intervenciones clandestinas.
Un enfoque de “Una Sola Salud”
El Colegio enfatizó que su postura se enmarca en el concepto de “Una Sola Salud”, que reconoce la interdependencia entre la salud humana, la animal y la ambiental. Permitir castraciones en condiciones inseguras, advierten, atenta contra ese equilibrio y genera un costo sanitario que podría evitarse.
Mientras tanto, en redes sociales y grupos de WhatsApp siguen circulando ofertas de castraciones “rápidas y económicas”, dirigidas especialmente a sectores de bajos recursos, que muchas veces desconocen los riesgos que implican.
Llamado a la acción
El CVPBA reiteró su pedido a las autoridades judiciales y sanitarias para que actúen con celeridad en las causas abiertas y refuercen los controles en territorio. Asimismo, convocó a la población a verificar siempre la matrícula del veterinario que atiende a sus animales y a denunciar prácticas irregulares.
Mientras la Justicia no avance, alertan, seguirán proliferando las intervenciones clandestinas, con animales pagando las consecuencias. (InfoNoticias)
