La masiva participación en la audiencia pública expone la preocupación social por el futuro de las reservas de agua dulce. Especialistas advierten sobre los riesgos ambientales y el avance de actividades extractivas en zonas sensibles.

(con información de Agencia Farco)
La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares ingresó en una etapa decisiva y, al mismo tiempo, reveladora. A una semana del cierre de inscripciones, cerca de 70 mil personas ya se anotaron para participar en la audiencia pública convocada en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación. El dato no sólo refleja interés ciudadano, sino también una creciente conciencia ambiental frente a una posible modificación normativa que podría impactar de lleno en las principales reservas de agua dulce del país.
💧 Agua estratégica en riesgo
Los glaciares y ambientes periglaciares constituyen reservas estratégicas de agua pura, fundamentales para el consumo humano, la producción agropecuaria y el equilibrio de los ecosistemas. En este contexto, la Ley 26.639 ha sido considerada una herramienta clave para su protección.
Sin embargo, la iniciativa de reforma impulsada por el Poder Ejecutivo genera preocupación en sectores científicos, ambientales y sociales. Según explicó Daniel Díaz Romero, integrante de Sala de Prensa Ambiental, lo que está en juego trasciende lo normativo: implica la soberanía sobre recursos naturales esenciales.
El especialista advirtió que una flexibilización de la ley podría habilitar actividades extractivas —principalmente mineras— en zonas actualmente protegidas, con consecuencias potencialmente irreversibles para el ciclo del agua.
⛏️ Extractivismo y presión sobre ecosistemas frágiles
La expansión de la minería en áreas cordilleranas ha sido históricamente objeto de debate. Este tipo de explotación demanda grandes volúmenes de agua y utiliza sustancias químicas que, en caso de filtraciones o fallas, pueden contaminar cuencas hídricas completas.
En ese escenario, los glaciares actúan como reguladores naturales, liberando agua de manera gradual. Su degradación o desaparición no sólo afecta a las regiones cercanas, sino que repercute en sistemas productivos y poblaciones ubicadas a cientos de kilómetros.
Desde el enfoque ambiental, especialistas advierten que intervenir estos ecosistemas implica alterar equilibrios construidos durante miles de años. La pérdida de masa glaciar, acelerada además por el cambio climático, agrava un panorama que ya resulta crítico.
🌎 Participación ciudadana y defensa del territorio
La audiencia pública, que se desarrollará en dos jornadas, permitirá a cada participante expresar su postura durante cinco minutos. Lejos de ser un trámite administrativo, el proceso se transformó en un espacio de participación masiva.
“El aluvión de inscriptos demuestra que la sociedad quiere decidir sobre el territorio que habita”, sostuvo Díaz Romero. Incluso desde organismos oficiales reconocen que no se esperaba una convocatoria de esta magnitud.
La provincia de Córdoba, en este contexto, se posiciona entre las jurisdicciones con mayor nivel de participación, lo que evidencia que la preocupación ambiental trasciende las zonas directamente vinculadas a la cordillera.
⚖️ Un precedente con impacto nacional
Más allá del contenido puntual de la reforma, distintos actores advierten que su aprobación podría sentar un precedente para futuras modificaciones en otras leyes ambientales, como la Ley de Bosques.
En términos políticos y jurídicos, se trata de un debate que excede lo técnico: pone en tensión modelos de desarrollo, prioridades económicas y la protección de bienes comunes.
🌱 Cuidar hoy para garantizar mañana
La discusión por la Ley de Glaciares interpela directamente a la sociedad sobre el valor del agua y la necesidad de preservar fuentes naturales frente a prácticas extractivas de alto impacto. En un contexto global atravesado por crisis hídricas, proteger estos reservorios se vuelve una cuestión estratégica y ética.
La masiva inscripción a la audiencia pública marca un punto de inflexión: la ciudadanía no sólo observa, sino que participa activamente en decisiones que condicionarán el futuro ambiental del país.
En ese marco, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad, sin comprometer recursos esenciales para las próximas generaciones. (InfoNoticias)


