Productores y contribuyentes vuelven a recurrir a la vía judicial para exigir transparencia sobre el uso de los fondos municipales, en medio de un creciente conflicto por las tasas y el financiamiento de servicios locales.
Un grupo de aproximadamente 50 productores rurales de Necochea decidió recurrir a la Justicia mediante un amparo colectivo para exigirle a la Municipalidad que informe en qué se utiliza el dinero recaudado a través de la tasa vial. El tributo tiene como finalidad el mantenimiento de los caminos rurales, una cuestión clave para la actividad productiva del distrito.
El reclamo judicial no apunta a cuestionar la existencia de la tasa ni a modificar su destino, sino a garantizar el acceso a la información pública. Según explicó el abogado Pablo Abdón Torres Barthe, patrocinante de los productores, el objetivo es que la comuna detalle cuánto recauda por este concepto y en qué se aplican esos fondos. “Es muy difícil cuestionar una tasa porque nadie quiere desfinanciar a un municipio. Lo que pedimos es transparencia”, sostuvo.
La decisión de avanzar con la vía judicial se produjo luego de que, según los ruralistas, la Municipalidad no respondiera en los plazos legales a los pedidos de información realizados por la vía administrativa. De acuerdo con el letrado, el Ejecutivo local contaba con 30 días para contestar, un plazo que ya se habría vencido, habilitando así la presentación del amparo.
El conflicto en Necochea no es un caso aislado. En distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, el estado y mantenimiento de los caminos rurales genera tensiones recurrentes entre productores y autoridades locales. La falta de respuestas concretas y la percepción de un uso poco claro de los recursos alimentan un malestar que se repite en varias regiones productivas.
Este escenario se inscribe en un debate más amplio sobre las tasas municipales y la presión fiscal. Mientras desde el Gobierno nacional se impulsa la eliminación o reducción de tributos locales y se promueve la denuncia de aquellos considerados excesivos, intendentes y dirigentes provinciales defienden su necesidad para sostener servicios básicos. En el medio, los reclamos por transparencia y eficiencia en el uso de los fondos, como el que ahora llega a la Justicia en Necochea, reflejan una problemática que parece no tener fin. (La Tecla)
