La entidad rural Carbap criticó una resolución del Senasa que permite a los productores elegir directamente un veterinario habilitado para aplicar las vacunas. Advirtieron que la medida fue “inconsulta” y que podría afectar el sistema sanitario.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) cuestionó con dureza la decisión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de desregular el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa, una medida que permite a los productores elegir directamente a un veterinario habilitado para comprar y aplicar la dosis.
La entidad rural consideró que la decisión fue adoptada de manera “inconsulta” y expresó preocupación por el impacto que podría tener sobre el actual sistema sanitario del país.
Cambios en el sistema de vacunación
La modificación fue establecida a través de la Resolución 201/2026, que introduce cambios en la forma en que los productores organizan las campañas sanitarias contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina.
A partir de la nueva normativa, los titulares de establecimientos registrados en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) podrán seleccionar libremente a un veterinario privado acreditado por el Senasa para comprar, conservar y aplicar las vacunas durante las campañas oficiales o en vacunaciones estratégicas.
Hasta ahora, gran parte de estas tareas eran coordinadas por fundaciones y entes sanitarios regionales, que organizaban las campañas de vacunación en cada zona.
Críticas de Carbap
Desde Carbap, la organización que reúne a decenas de entidades rurales de Buenos Aires y La Pampa, señalaron que las fundaciones sanitarias cumplieron un rol clave para controlar brotes de la enfermedad en el pasado, como los ocurridos en 2001 y 2006.
Además, destacaron que el sistema sanitario argentino actualmente presenta indicadores sólidos, con ausencia de circulación viral y niveles de inmunidad considerados adecuados.
En un comunicado, la entidad sostuvo:
“En medio de la actual campaña de vacunación, sin ningún tipo de justificación técnica que lo avale, de manera absolutamente inconsulta y en forma inoportuna, se pretende modificar mediante un acto administrativo la estructura central de la campaña de vacunación”.
Reclamo por falta de debate técnico
La entidad rural también cuestionó que la medida no haya sido discutida previamente en ámbitos técnicos como la Comisión Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Conalfa) o las comisiones provinciales sanitarias, espacios previstos por la normativa para debatir cambios en las políticas sanitarias.
Dudas sobre el impacto económico
Desde Carbap también pusieron en duda el argumento económico utilizado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien defendió la medida como una forma de reducir costos.
La entidad explicó que cada fundación o veterinario maneja su propia estructura de gastos, por lo que el precio final de la vacuna puede variar según factores como administración, infraestructura o logística.
En ese sentido, remarcaron que el costo actual de la dosis aplicada equivale a menos de 600 gramos de novillo, cuando históricamente representaba aproximadamente un kilo.
Preocupación por el control sanitario
Finalmente, Carbap advirtió que la nueva normativa no deja claro quién será responsable de garantizar el cumplimiento de las campañas de vacunación, ni quién asegurará la cobertura en establecimientos más pequeños.
La organización señaló que estas definiciones son clave para evitar riesgos sanitarios en uno de los sectores productivos más importantes del país.
Fuente: Agencia DIB y Carbap
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