Los bloques PRO y Juntos por Olavarría presentaron un proyecto de ordenanza para frenar el cobro a los productores. Denuncian que el Municipio recauda pero no ejecuta los fondos, dejando la red vial en estado crítico.
La situación de los caminos rurales en el Partido ha llegado a un punto de quiebre legislativo. Los bloques de concejales del PRO y Juntos por Olavarría elevaron un proyecto de ordenanza que busca suspender el cobro de la tasa por servicios rurales, argumentando que el estado de las vías es «intransitable» y que existe una subejecución de los recursos específicos destinados a tal fin.
Desde la oposición aseguran que la medida es una respuesta necesaria ante el «ausentismo estatal» que afecta a productores, transportistas, vecinos y escuelas rurales.
«Si no hay servicio, el cobro es ilegítimo»
El fundamento técnico del proyecto radica en la naturaleza de la tasa: a diferencia de un impuesto, la tasa requiere una contraprestación efectiva.
- El reclamo: “Hace meses que venimos alertando sobre caminos intransitables y falta de mantenimiento. El Municipio cobra, pero no cumple”, sostuvieron los ediles de la oposición.
- La condición: La suspensión del cobro se mantendría vigente hasta que el Departamento Ejecutivo demuestre haber ejecutado el 100% de los recursos recaudados en 2025 para el mantenimiento vial.
Exigencia de «Cuentas Claras» mes a mes
El proyecto no solo pide frenar el cobro, sino que impone un nuevo esquema de control sobre el intendente Maximiliano Wesner:
- Rendición mensual: El Ejecutivo debería detallar cada 30 días cuánto recauda por la tasa rural.
- Transparencia de gastos: Informar inversión en combustible, horas de maquinaria y personal afectado.
- Geolocalización de obras: Especificar con precisión qué tramos fueron intervenidos y con qué recursos.
La respuesta del oficialismo
Aunque desde el Palacio San Martín aún no hubo un comunicado oficial sobre este proyecto, en reiteradas ocasiones la gestión de Unión por la Patria ha señalado que la maquinaria municipal recibió un parque automotor «obsoleto» y que se está trabajando en un plan de prioridades a pesar del recorte de fondos nacionales.
Sin embargo, para los bloques opositores, el argumento de la herencia ya no es suficiente: “No se puede seguir mirando para otro lado. No se puede seguir cobrando por un servicio que no existe”, sentenciaron.
