En un contexto recesivo, donde impera la pérdida generalizada de ventas, apelan a las autoridades para poner límites a las compras por parte del público en los mayoristas. Sostienen que los perjuicios se multiplicaron con el DNU 70, firmado por el presidente Javier MIlei.
Invocan que la competencia desleal de los comercios mayoristas amenaza la subsistencia de los pequeños y medianos comerciantes. Este sector denuncia una práctica perjudicial para su actividad. Afirman que los precios de venta al público ofrecidos por los mayoristas son iguales o solo ligeramente superiores a los que ellos pagan como minoristas. Esta situación reduce drásticamente los márgenes de ganancia.
Además, advierten que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, elaborado por Federico Sturzenegger, empeoró la situación. La norma derogó la Ley 18.425. Esa ley defendía al comercio minorista de las grandes superficies. Ahora, los pequeños comerciantes ven cómo su protección legal se desvanece por completo. El mercado se liberaliza en su contra. La falta de regulación genera una enorme desventaja.
Los comerciantes minoristas afrontan en la actualidad una crisis de ventas. El público opta por comprar directamente en los establecimientos mayoristas. Allí encuentra precios más accesibles. La diferencia entre el costo mayorista y el minorista desaparece. Este escenario deja a los pequeños comercios sin margen de maniobra.
En ese marco, muchos se ven forzados a cerrar sus puertas. El flujo de clientes se desvía hacia las grandes superficies. Estas empresas pueden sostener una estructura de precios muy competitiva. Los comercios barriales no pueden sostener esa batalla comercial. La competencia se volvió inequitativa y desigual. Los minoristas sienten un gran abandono por parte de las autoridades.
El pasado reciente
Hasta 2023, la antigua Ley 18.425 funcionaba como un resguardo para el sector minorista. La norma establecía ciertas regulaciones sobre la venta en grandes superficies. Su propósito era evitar la concentración del mercado. De esa forma, protegía al comercio de barrio. La ley ofrecía un marco de equilibrio.
Su existencia ayudaba a moderar las prácticas de venta de los grandes establecimientos. Su derogación, sin embargo, dejó un vacío normativo enorme. Las esperanzas de los pequeños comerciantes se esfumaron. El DNU 70/2023 cambió las reglas de juego por completo.
La derogación de la Ley 18.425 fue parte de un plan más amplio de desregulación. El DNU 70/2023 buscó eliminar numerosas normativas que el gobierno consideró como obstáculos a la libre competencia. Con esa decisión, se priorizó la liberalización económica sobre la protección de los sectores más vulnerables.
Sin embargo, la medida generó gran controversia en el ámbito comercial. Mientras algunos celebran la desregulación, los minoristas pagan un alto costo. La falta de contención oficial se percibe como una amenaza existencial para su actividad. Su modelo de negocio se basa en la compra mayorista para la venta minorista. El sistema pierde su lógica cuando los precios se igualan. La desaparición de los pequeños comercios afecta la vida barrial.
Las denuncias de los minoristas se acumulan en las cámaras de comercio. Los representantes del sector expresan su descontento y su preocupación. Los pequeños comerciantes exigen medidas para restablecer un equilibrio en el mercado. Ellos buscan una regulación justa para todos los actores.
Con esa premisa, el reclamo principal se centra en la diferencia mínima de precios. Esa práctica comercial socava su negocio. La situación se vuelve insostenible. Los minoristas buscan la intervención del gobierno. Piden una reconsideración del marco legal. Solicitan una protección de su actividad.
La puja por la supervivencia
La Ley de Lealtad Comercial sigue siendo un recurso disponible. Los minoristas pueden usarla contra prácticas comerciales desleales. Sin embargo, su aplicación resulta compleja. Los procesos son largos y difíciles. Los pequeños comerciantes no siempre tienen los recursos para afrontar esos trámites.
Asimismo, la protección a nivel provincial y municipal también existe. Algunas jurisdicciones mantienen regulaciones específicas. A pesar de todo, esta fragmentación normativa genera inconsistencias. El problema requiere una solución integral a nivel nacional. La situación actual demanda una respuesta clara de las autoridades. El futuro del comercio de cercanía pende de un hilo.
El DNU 70/2023 y la derogación de la Ley 18.425 marcan un antes y un después para el comercio minorista. Este sector atraviesa un momento crítico. Las quejas por la falta de ventas y la competencia desigual no cesan. Los minoristas se sienten indefensos ante la liberalización total del mercado. Los precios casi idénticos entre la venta mayorista y minorista agravan la crisis.
La falta de un marco legal específico los deja a la deriva. La supervivencia de los pequeños comercios depende de una respuesta urgente y efectiva. La subsistencia de miles de familias se encuentra en peligro. El desafío actual es encontrar un camino hacia una competencia más justa. Es necesario un nuevo marco de reglas. Las cámaras comerciales se mantienen en estado de alerta.
La pérdida de la Ley 18.425 deja al sector minorista sin un soporte fundamental. Los minoristas enfrentan una competencia brutal con los mayoristas. La batalla es desigual en términos de escala y recursos. Los precios de venta al público se equiparan. Esta práctica elimina la lógica del negocio minorista.
Las consecuencias
Debido al contexto recesivo, el pequeño comercio se encuentra en una situación crítica. La desregulación impacta directamente en sus finanzas. La falta de ventas es una consecuencia directa de esta situación. Los minoristas se organizan para buscar soluciones. Las cámaras de comercio respaldan su reclamo. La voz de los comerciantes se eleva.
La situación actual genera un gran malestar en las comunidades. La pérdida de los comercios de barrio afecta a los vecinos. Ellos pierden la cercanía y el trato personalizado. Los comercios minoristas forman parte de la identidad barrial. Su desaparición representa una pérdida para todos.
Por ese motivo, los comerciantes exigen al gobierno que actúe de forma responsable. Piden una protección efectiva para su sector. La desregulación no puede perjudicar a los más débiles. Un equilibrio en el mercado es crucial para la salud económica. El problema tiene una gran repercusión social.
El futuro del comercio minorista es incierto. La desregulación total amenaza su supervivencia. Los minoristas claman por medidas de apoyo. La competencia desleal de los mayoristas es un problema real. La igualdad de precios es el principal síntoma de este malestar. La derogación de la Ley 18.425 fue un golpe duro. Como consecuencia, los minoristas buscan una nueva forma de resistir: la lucha por la supervivencia se intensifica. (InfoNoticias)
