La iniciativa volvió a comisión durante la madrugada, después de una votación ajustada que terminó 121 a 117, con cinco abstenciones. La decisión se tomó tras más de 15 horas de sesión y dejó sin fecha definida la continuidad del tratamiento.
La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este jueves el regreso a comisión del proyecto de Endeudamiento Familiar impulsado por el oficialismo. La moción se impuso por 121 votos contra 117, mientras que cinco legisladores se abstuvieron.
La decisión se produjo alrededor de las 3.30, luego de más de 15 horas de sesión y en un escenario de tensión parlamentaria. El oficialismo no contaba con los votos necesarios para avanzar con su propia iniciativa y logró que el expediente regresara a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.
La moción fue presentada por la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici. Uno de los puntos más cuestionados por la oposición fue que el texto no estableció una fecha para retomar el tratamiento, lo que podría demorar indefinidamente la discusión.
Dos propuestas para afrontar las deudas
El debate enfrentó dos enfoques distintos sobre el endeudamiento de las familias.
El dictamen de mayoría, respaldado por La Libertad Avanza y sus aliados del PRO y la UCR, proponía medidas de transparencia crediticia, acceso a la información y educación financiera. La iniciativa, denominada Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores, no contemplaba límites máximos a las tasas de interés ni un plan general de refinanciación para los deudores.
Entre sus principales ejes figuraban la información detallada sobre los créditos al consumo, la posibilidad de precancelar obligaciones, la trazabilidad de las deudas y el acceso gratuito al perfil de riesgo de los usuarios dentro de bancos y plataformas.
El diputado Santiago Pauli, de La Libertad Avanza, defendió el proyecto al sostener que buscaba establecer reglas comunes para quienes otorgan créditos y para quienes los solicitan.
La oposición reclamó un plan de refinanciación
Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica impulsaron un dictamen alternativo orientado a aliviar la situación de las personas con atrasos en sus pagos.
La propuesta contemplaba declarar la emergencia financiera por 180 días y habilitar un régimen voluntario de refinanciación para quienes registraran una mora superior a los 60 días, con deudas de hasta dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2.
El esquema establecía planes de pago de al menos 12 cuotas y fijaba un límite para que el monto de la cuota no superara el 30% de los ingresos de la persona endeudada.
También proponía limitar los intereses, condonar el 100% de los intereses punitorios y establecer mecanismos para intervenir cuando los acreedores rechazaran las solicitudes de refinanciación.
El proyecto incluía, además, disposiciones sobre portabilidad financiera, cobranzas abusivas y educación financiera.
Cruces por la situación económica
Durante el debate, legisladores opositores vincularon el crecimiento del endeudamiento con la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de los gastos fijos de los hogares.
El diputado Martín Lousteau, de Provincias Unidas, sostuvo que la combinación de ingresos insuficientes y tasas elevadas dificulta el cumplimiento de las obligaciones financieras. También cuestionó la capacidad de pago de los sectores de menores ingresos.
En la misma línea, la diputada Kelly Olmos, de Unión por la Patria, afirmó que más de seis millones de argentinos ingresaron en situación de mora superior a los 90 días. La legisladora advirtió que el problema puede tener consecuencias sobre el conjunto de la economía y reclamó medidas para facilitar la regularización de las deudas.
Desde el PRO, Daiana Fernández Molero cuestionó la propuesta opositora y alertó que imponer límites a las tasas podría restringir el acceso al crédito para determinados sectores.
Una definición sin fecha de regreso
Tras la votación, la oposición cuestionó que el proyecto volviera a comisión sin un plazo para reanudar su tratamiento.
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, reclamó que se fijara una fecha concreta y advirtió que la falta de un cronograma podía dejar sin efecto el trabajo realizado para llevar el tema al recinto.
La discusión había llegado al pleno luego de que la oposición consiguiera emplazar a las comisiones el 9 de septiembre.
Con la decisión adoptada durante la madrugada, el proyecto quedó nuevamente bajo análisis de las comisiones, sin una fecha definida para volver al recinto y con diferencias todavía abiertas sobre cómo responder al endeudamiento de las familias.
