El abogado de cuatro de los rugbiers condenados criticó el rechazo del planteo por presuntas irregularidades durante la investigación del crimen ocurrido en Villa Gesell. Sostuvo que la decisión afecta las garantías del proceso penal y anunció que llevará la denuncia contra funcionarios judiciales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El abogado Hugo Tomei cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de rechazar un planteo relacionado con una denuncia contra funcionarios judiciales por presuntas irregularidades durante las primeras horas de la investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020.
Tras el fallo, el letrado anunció que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que considera una negativa de las autoridades argentinas a investigar los hechos señalados en su presentación.
“Con este fallo, se perdieron los límites constitucionales”, sostuvo Tomei en declaraciones a TN. Según explicó, la denuncia apuntaba contra funcionarios judiciales de Villa Gesell por la presunta falsificación de actas incorporadas al expediente.
El abogado, que actualmente representa a Luciano y Ciro Pertossi, Blas Cinalli y Enzo Comelli, cuestionó que los distintos tribunales que intervinieron hayan desestimado los planteos de la defensa.
Las presuntas irregularidades denunciadas
La presentación judicial sostenía que durante las primeras etapas de la investigación se habrían registrado irregularidades vinculadas con el contenido de las actas del expediente. Según la defensa, algunos documentos no reflejarían lo ocurrido durante determinados procedimientos.
En ese marco, Tomei había denunciado presuntos delitos como falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad. Entre los funcionarios señalados en la presentación se encontraban la fiscal Verónica Zamboni y el juez de Garantías David Mancinelli.
El abogado afirmó que la denuncia fue desestimada por distintas instancias judiciales, entre ellas la Cámara de Apelaciones de Dolores, el Tribunal de Casación bonaerense y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, antes de llegar al máximo tribunal nacional.
Tomei sostuvo que la decisión de la Corte representa, a su entender, una oportunidad perdida para reafirmar las garantías que deben respetarse durante una investigación penal.
Qué resolvió la Corte Suprema
La Corte Suprema rechazó el planteo presentado por la defensa por considerar que no cumplía con los requisitos de fundamentación autónoma. En particular, entendió que el recurso no refutaba todos los argumentos de la resolución que se buscaba cuestionar.
La decisión no implica, por sí misma, que las presuntas irregularidades denunciadas hayan sido comprobadas. Se trata del rechazo del recurso presentado por la defensa en el marco de esa controversia judicial.
Tomei, sin embargo, cuestionó el criterio adoptado y advirtió sobre las consecuencias que, según su interpretación, podría tener la falta de investigación de los hechos denunciados.
“En un caso de tanta repercusión pública, el Poder Judicial perdió la oportunidad de ratificar que en un proceso penal las formas son tan importantes como el fondo de la contienda”, afirmó.
El abogado llevará el caso ante la CIDH
Tras el rechazo del máximo tribunal, Tomei confirmó que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cuestionar lo que considera una falta de respuesta judicial frente a las presuntas irregularidades atribuidas a funcionarios provinciales.
El objetivo de esa presentación será plantear sus cuestionamientos sobre las garantías del proceso y la actuación de los organismos judiciales que intervinieron en la denuncia.
El caso se inscribe en una nueva controversia judicial vinculada con la investigación del asesinato de Fernando Báez Sosa, por el que ocho rugbiers fueron condenados en 2023. La discusión planteada por Tomei se refiere a presuntas irregularidades en el procedimiento y al rechazo de los recursos presentados para que fueran investigadas, y no modifica por sí misma las condenas dictadas por el crimen.
Fuente TN
