El escenario legal de la ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista sumó una fuerte tensión en los tribunales federales.
El juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó formalmente a Cristina Fernández de Kirchner a cumplir de manera estricta con las reglas de conducta impuestas para su detención, bajo la expresa advertencia de que dejará sin efecto el beneficio del arresto domiciliario y ordenará su traslado inmediato si continúan registrándose comportamientos que alteren el orden público.
El origen de este fuerte apercibimiento judicial se remonta a los incidentes y disturbios ocurridos el pasado domingo en las inmediaciones de su residencia actual, ubicada sobre la calle San José al 1100 en el barrio porteño de Constitución, donde una masiva movilización de militantes y simpatizantes provocó cortes totales de calles y aglomeraciones que afectaron la dinámica de la zona.
La fundamentación de la Justicia para avanzar con esta dura advertencia radica en que la ex mandataria mantuvo un rol participativo y activo en la fisonomía de la propia convocatoria callejera. De acuerdo con el expediente, se constató el despliegue de una bandera de grandes dimensiones que cruzaba la calzada por el espacio aéreo, sostenida de forma precaria por cables tensados entre el balcón de su departamento y la estructura del edificio de enfrente.
Las autoridades judiciales consideraron que esta intervención y la constante realización de manifestaciones populares alteraron severamente la convivencia con los vecinos linderos, rompiendo la normativa de comportamiento pacífico y bajo perfil que resulta obligatoria para sostener el régimen de reclusión domiciliaria en un área residencial.
El frente de conflicto legal para la ex jefa de Estado también suma aristas en la jurisdicción local, ya que este tipo de ocupaciones e intervenciones sobre la vía pública carecían de los permisos y autorizaciones correspondientes que debe otorgar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, configurando potencialmente una serie de contravenciones al código de convivencia urbana.
La resolución firmada por el juez Giménez Uriburu invoca de manera taxativa el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, una normativa que le concede al magistrado a cargo del control de la condena la potestad absoluta de revocar el beneficio del arresto en el hogar y ordenar el ingreso de la condenada a un establecimiento penitenciario o cárcel común ante cualquier nuevo incumplimiento que no se encuentre debidamente justificado.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
