Mediante un decreto firmado por Milei y Caputo, la Casa Rosada dio por agotada la vía administrativa. La empresa estatal bonaerense quedó excluida del pliego y el gobierno de Kicillof evalúa ir a la Justicia.
El conflicto por el control de los corredores viales estratégicos que atraviesan la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo de máxima tensión política. El Gobierno nacional rechazó formalmente el recurso jerárquico presentado por Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), la firma estatal bonaerense, que buscaba frenar el proceso de licitación y privatización de cuatro tramos de rutas nacionales bajo la denuncia de supuestas irregularidades.
La decisión quedó ratificada mediante el Decreto 411/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. Con esta normativa, la administración libertaria sepultó el reclamo administrativo de la Provincia y blindó la continuidad de las nuevas concesiones privadas en el territorio.
Los tramos clave en disputa
La resolución de la Casa Rosada convalida el pliego licitatorio y deja firme la exclusión de la empresa provincial en corredores de alta circulación comercial y turística:
- Rutas Nacionales: Afecta de forma directa a tramos clave de las rutas 3, 205 y 226.
- Accesos Metropolitanos: Incluye además la operatividad de la Autopista Riccheri y el corredor Ezeiza-Cañuelas.
Desde la Casa Rosada argumentaron de manera oficial que Aubasa quedó fuera de la selección final por “cuestiones técnicas y objetivas derivadas del incumplimiento de requisitos esenciales establecidos en el pliego que rige la licitación”, rechazando cualquier motivación de índole política.
El conflicto se traslada a los tribunales
Al darse por agotada la instancia administrativa en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, la administración de Axel Kicillof se prepara para judicializar el reclamo con el objetivo de frenar las adjudicaciones.
La estrategia de la Provincia: El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ya había anticipado semanas atrás que la provincia de Buenos Aires iniciaría una ofensiva legal en los tribunales federales al considerar que existe una manifiesta intencionalidad de la Nación para asfixiar y marginar a la operadora estatal de los contratos de mantenimiento de infraestructura.
Mientras tanto, los consorcios privados ganadores de la licitación —anunciados a mediados de mayo— quedaron habilitados para iniciar el proceso de toma de posesión y la posterior instalación de sus propios sistemas de peaje en las trazas nacionales.
Fuente: Agencia DIB
