La Suprema Corte confirmó el receso invernal entre el 20 y el 31 de julio y aprobó la distribución de espacios del nuevo edificio judicial de la ciudad, donde comenzará un traslado escalonado de dependencias.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires oficializó el calendario de la feria judicial de invierno 2026 y, al mismo tiempo, avanzó con la reorganización del servicio judicial en Olavarría mediante la aprobación de la distribución de espacios del nuevo Complejo Judicial ubicado sobre calle 25 de Mayo entre Bolívar y Vélez Sarsfield.
Por un lado, el máximo tribunal bonaerense confirmó que el receso judicial se extenderá del 20 al 31 de julio, coincidiendo con las vacaciones escolares dispuestas por la Dirección General de Cultura y Educación.
La medida fue establecida a través del Acuerdo 4229 y alcanza a todos los organismos que integran el Poder Judicial de la provincia. Desde la Corte señalaron que la definición anticipada del calendario permite organizar audiencias, licencias y reemplazos para el segundo semestre del año.
No obstante, aclararon que durante la feria judicial continuarán funcionando guardias y organismos designados especialmente para atender causas urgentes que requieran resolución inmediata.
En paralelo, la Suprema Corte también aprobó, mediante la Resolución SC 1.241/26, la propuesta de asignación y distribución de espacios del nuevo Complejo Judicial de Olavarría.
Según se informó, el traslado de dependencias se realizará de manera progresiva y será coordinado por la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte bonaerense. El proceso comenzará dentro de los 15 días posteriores a la recepción formal del inmueble.
La primera etapa contempla la mudanza de los Juzgados de Familia. Luego se trasladará el Tribunal de Trabajo y finalmente las dependencias que actualmente funcionan en el edificio ubicado en Rufino Fal Nº 2943.
La iniciativa forma parte del proceso de reorganización y centralización de organismos judiciales impulsado en la ciudad, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la actividad judicial y mejorar tanto las condiciones laborales como la atención al público.
