Una medida cautelar dictada por un juez federal de Campana obligó al Ministerio de Capital Humano a mantener los pagos a los 900 mil beneficiarios del programa. Sandra Pettovello advirtió que el cumplimiento del fallo impedirá financiar la doble escolaridad en escuelas vulnerables y los vouchers de capacitación laboral.
La justicia federal frenó la eliminación del programa Volver al Trabajo (VAT) y el Gobierno nacional deberá mantener los pagos de 78.000 pesos mensuales a los aproximadamente 900 mil beneficiarios del plan social. La medida cautelar fue dictada por el juez Adrián González Charvay, del juzgado federal de Campana, a partir de una presentación realizada por un grupo de beneficiarios del programa. El Ministerio de Capital Humano anunció que apelará el fallo.
El magistrado ordenó al Estado nacional sostener las prestaciones económicas dentro de los tres días de notificada la resolución y hasta que se dicte sentencia definitiva, con la advertencia de aplicar multas diarias en caso de incumplimiento.
La ministra Sandra Pettovello sostuvo que el Gobierno había dado por concluido el VAT porque su plazo de vigencia de dos años había expirado, y que los fondos estaban previstos para redireccionarse hacia políticas de formación laboral y educación. Sin embargo, el fallo judicial impide ese traspaso. «Lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país», indicó la cartera en un comunicado.
Los antecedentes del programa
El VAT fue creado en abril de 2024 como reemplazo del Potenciar Trabajo y el Programa de Acompañamiento Social, con el objetivo de eliminar la intermediación de movimientos sociales y municipios en la gestión de la asistencia. Estaba orientado a personas de entre 18 y 49 años con el fin de mejorar su empleabilidad e incorporarlas al mercado laboral formal.
Sin embargo, sus resultados fueron magros. Según el informe número 143 de la Jefatura de Gabinete al Congreso, con datos de junio de 2025, solo 1.500 personas —el 0,17% del total de beneficiarios— lograron insertarse laboralmente a través del programa. Un 6,1% completó actividades de formación profesional.
Junto al VAT, unos 300 mil beneficiarios con mayores dificultades de inserción laboral quedaron encuadrados en un esquema de asistencia social de carácter más permanente, que por el momento no fue alcanzado por la baja.
El nuevo esquema que el Gobierno pretendía implementar incorporaba condiciones más exigentes: los beneficiarios deberían acreditar asistencia y permanencia en los cursos de capacitación, bajo pena de perder el beneficio de manera definitiva sin posibilidad de reincorporación.
Fuente: Agencia DIB
